sábado, 14 de enero de 2012

GRAN PATINAJE DEL NUEVO MINISTRO DE JUSTICIA (I)



¡¡“MILES DE MILLONES DE EUROSRETENIDOS E IMPRODUCTIVOS!!

PERO, ¿QUIÉN INFORMA AL MINISTRO?



Con ocasión de la toma de posesión del nuevo Secretario de Estado de Justicia, el día 3 de enero de 2012, el Ministro del ramo, D. Alberto Ruiz Gallardón, dijo cosas que,  aunque quizá no merezcan pasar a la Historia, tampoco deben pasar inadvertidas. Fueron todo un ejercicio de patinaje, bastante significativo. Para empezar, el Ministro afirmó -tomo las frases, con entrecomillados, de noticias de prensa en principio fiables y no rectificadas- que ese acto manifestaba el objetivo compartido de «entrega, solidaridad y confianza» de su nuevo equipo en sus propias capacidades. Y añadió que «formar equipos supone dejar atrás los tiempos superados de las personas providenciales y apostar por la eficacia de quienes están dispuestos a colaborar en el servicio a los ciudadanos».

A mí me parece dudoso que “formar equipos” pueda presentarse, siquiera sea en una pieza oratoria menor, como una notable innovación, tal que si, hasta ahora, nadie o casi nadie hubiese hecho eso de los “equipos”.  Dejar atrás los tiempos superados” no parece difícil (lo difícil sería lo contrario). Y en cuanto a “las personas providenciales”, la verdad es que no tengo ni idea de a quién o a quiénes podría estar aludiendo el Sr. Ruiz Gallardón, porque precisamente a él mismo cabría considerarle un Alcalde de Madrid en verdad providencial, constructor del Madrid del futuro (ahora toca buscarle un futuro a Madrid), para lo que no reparó en gastos, arrojándose y arrojándonos en manos de la Providencia. Pero se ve que, transformado ya el ex-alcalde en Ministro de Justicia, para él, nada de Providencia. Ahora, en ese Ministerio, es el tiempo de la apuesta, el tiempo del áleas, del azar, de lo aleatorio, de la buena o mala suerte, de la lotería, vamos. Apostamos por la eficacia y la buena disposición, pero apostamos. A mí no me gusta nada esta moda de que los gobernantes de dediquen a hacer apuestas: sus decisiones no deben ser apuestas, ni a título de metáfora (ya muy sobada, además).

Tras este exordio, el nuevo Ministro fijó objetivos diáfanos: “la aplicación uniforme de las nuevas tecnologías y la reducción del número de procedimientos judiciales, que en 2010 fueron más de nueve millones para una población de 46 millones de españoles cuando países como Francia, con 65 millones de habitantes, no supera los seis millones de procedimientos en total.” (de esto me ocuparé en un próximo “post”).

Luego, como se encargaron de subrayar los “medios”, el Ministro, por aquello de que deben «modificarse costumbres que no son compatibles con una cultura competitiva», propuso revisar la inhabilitación procesal del mes de agosto, porque–dijo- esa inhabilidad «tenía sentido por razones históricas» y, a su juicio, es algo probablemente eliminable para avanzar en la tan careada agilización de los procesos.

No me voy a detener en esta idea de hacer hábil el mes de agosto en todos los ámbitos jurisdiccionales. Es un asunto sobre el que todos producirán interesantes comentarios. Me limitaré a apuntar que las cuestiones concretas que más atención merecen al respecto son, por un lado, la de la celebración de juicios en agosto, porque otras tareas jurisdiccionales no pienso que ofrezcan dificultad (además de las de instrucción penal, para las que son hábiles todos los días y horas del año) y, por otro lado, la muy difícil adaptación del trabajo de los abogados que ejercen la profesión en solitario, que no son pocos. Dudo mucho (es un eufemismo), por lo demás, de que tal cambio pueda de verdad llevarse a cabo “a coste cero”, como es costumbre ahora afirmar que cabe y que hay que hacerlo.


LOS “MILES DE MILLONES DE EUROS” RETENIDOS E IMPRODUCTIVOS


Con ser interesante lo anterior, resultó casi una nimiedad en comparación con lo que dijo el S. Ruiz Gallardón hacia el final de su breve discurso. Además de caracterizar la seguridad jurídica como un factor de competitividad de nuestra nación (una visión tecnocrático-economicista a tope), el joven Ministro afirmó que «cuando la crisis es prioridad para cualquier departamento de un gobierno y el paro castiga la vida de millones de ciudadanos de un país, no podemos seguir reteniendo en procedimientos judiciales miles de millones de euros que deberían estar destinados a la productividad y a la inversión».




Esta afirmación aparecía en los tres enlaces que acabo de insertar. Al leer tales palabras, de su superlativa importancia y máxima gravedad, pensé que debían ser detenidamente analizadas. Era algo muy serio que, sin más ni más, se estuviesen reteniendo (por los Juzgados y Tribunales) “miles de millones de euros”, que se podían dedicar “a la productividad y la inversión”, lo que significaba que esa retención de “miles de millones de euros” estaría siendo improductiva hasta ahora y desde Dios sabe cuándo. Pensé, en honor a la verdad y a la justicia, que ni siquiera a los Gobiernos de Rodríguez Zapatero les podía haber pasado inadvertido un fenómeno tan llamativo como el de “miles de millones de euros” retenidos improductivamente. ¿Qué obra pública no podría haber hecho D. José Blanco con al menos parte de lo retenido? ¿Qué recortes no se habrían podido evitar a la ciudadanía poniendo en producción esos “miles de millones de euros”, que parecía haber descubierto el Sr. Ruiz Gallardón?

La cosa era tan gorda que, ante todo, procedía una investigación sobre la frase relativa a esos “miles de millones de euros”. ¿A qué se refería Ruíz Gallardón? La investigación arrojó resultados nuevos al descubrir que, según otras fuentes, el nuevo Ministro habría hablado de “miles de millones de euros en los juzgados atascados que habrá que recuperar”: http://www.diariojuridico.com/actualidad/gallardon-presenta-en-sociedad-a-su-equipo-de-trabajo-y-recuerda-que-la-justicia-es-un-elemento-clave-para-que-el-pais-sea-competitivo.html o que, como precisaba otro medio http://www.elpais.com/articulo/espana/Gallardon/habilitara/mes/agosto/agilizar/justicia/elpepunac/20120104elpepinac_15/Tes, «Gallardón se ha propuesto también terminar con las dilaciones indebidas en la justicia, que mantienen bloqueados miles de millones de euros"’, que deben destinarse "a la productividad y a la inversión" para hacer frente a la crisis

Esto ya era otro cantar, algo diferente. El Ministro se estaría refiriendo, sin duda (no podría tratarse de otra cosa), a los dineros (no necesariamente euros) que se encuentran en las llamadas “Cuentas de Consignaciones y Depósitos”, abiertas por cada Juzgado y Tribunal, por los Servicios Comunes e incluso por algunas Fiscalías. Hay, en efecto, unas buenas cantidades de dinero en esas cuentas y no digamos en el total de ellas (ya lo verán enseguida). Y es como si Ruiz Gallardón dijera “deseo que los acreedores dispongan cuanto antes de lo que se les debe y se les pudo embargar a sus deudores y de lo que se obtuvo subastando lo embargado” o “hago votos por que los recursos que exigen depósito previo se resuelvan cuanto antes de modo que, si el recurso es estimado, cuanto antes le sea devuelva al recurrente la cantidad depositada.” Está muy bien ese deseo, aunque no me parece un enfoque acertado ver las dilaciones indebidas más desde esa concreta perspectiva económica que desde el punto de vista de la efectividad o inefectividad de la tutela judicial. Por otra parte, los costes económicos de las dilaciones indebidas no se miden así y hay valores muy importantes -la seguridad jurídica, el prestigio del Estado, etc.- involucrados en una Justicia sin dilaciones indebidas o con esas dilaciones, más o menos prolongadas. Pero no hay cálculo alguno disponible del coste económico de las dilaciones indebidas (salvo unas cifras ridículas que después diré y que ni de lejos son “miles de millones de euros”).

En todo caso, me parece muy necesario explicar lo de las “Cuentas de  Consignaciones y Depósitos”. Y, aunque no sea de mi agrado, tengo que enmendar al Sr. Ruiz Gallardón y preguntarme con bastante asombro si acaso se deja informar por gente del ámbito judicial, sí, pero sin la más remota idea de la realidad global de la Justicia, por llevar larguísimo tiempo recluidos en ámbitos muy singulares (la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el CGPJ), despreocupados de todo lo demás, es decir, de casi todo. No apunto en esa dirección sin serios motivos y fuertes indicios. Y menos aún reprocho gratuitamente a los probables asesores no saber nada de la compleja realidad de nuestra Justicia. Como el nuevo Ministro sin duda habló con asesoramiento previo y le han hecho decir algo penoso, sus asesores ignoran cosas elementales.

La Justicia mueve mucho dinero. Pero no es dinero retenido ni dinero improductivo, aunque, desde luego, se pueda discutir la productividad y sus beneficiarios. La Justicia mueve mucho dinero porque tiene que moverlo. Cada Juzgado, cada Tribunal y Audiencia, los Servicios Comunes e incluso algunas Fiscalías abren cuentas porque, por muy diversos conceptos incluso dentro de los órganos del mismo tipo, reciben dinero (no necesariamente euros) y tienen que entregar dinero: reciben dinero en depósitos para recurrir, que se devolverá si el recurso se estima (Disposición Adicional 15ª de la LOPJ, según la L.O. 1/2009, BOE de 4 de noviembre); reciben cauciones para afrontar daños y perjuicios en caso de concesión de medidas cautelares y con frecuencia tendrán que devolver todo o parte del importe de las cauciones; reciben los precios de las cosas inmuebles, muebles o semovientes, objeto de subastas judiciales; ingresan las fianzas para eludir la prisión provisional; ingresan el dinero directamente embargado o el que se encuentra en un registro ordenado por un juez instructor; reciben, para consignar, rentas de arrendamientos y plazos impagados en la ejecución de préstamos hipotecarios, más un largo etcétera. Pero gran parte de ese dinero ha de entregarse a acreedores o reintegrarse a quien lo ingresó. Ese dinero no está, insisto, ni retenido e inmóvil. Ese dinero es mucho dinero, pero se mueve (nada menos que 22.026.639 movimientos en 2010).

Un Juzgado civil de Madrid puede presentar un saldo medio anual superior a los 3 millones de euros. Y según el mismo Ministerio de Justicia, el saldo total de las cuentas de consignaciones y depósitos fue en 2010 de  3.315.371.730 € (sepan que el presupuesto total para la Justicia alcanzó en 2010 los 3.867.828.013 € (incluyendo CGPJ y Ministerio), de los que sólo 1.629.874.120 €, correspondían al Estado central (el resto, a aportaciones de las Comunidades Autónomas). Veamos ahora lo de la productividad de esos “miles de millones de euros”.

Superados los viejos tiempos en que cada juzgado abría cuenta para consignaciones y depósitos en la entidad de crédito que prefería, desde hace varias décadas es el Ministerio de Justicia el que adjudica a una sola entidad crediticia, mediante concurso, para un plazo de varios años (seis, de ordinario), la gestión de todas las cuentas de consignaciones y depósitos (para lectores especialmente interesados, v. R.D. 467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores y R.D. 1273/2011, de 16 de septiembre, por el que se modifica el anterior).

En la actualidad y desde 2002 (si no me equivoco), la entidad de crédito adjudicataria de la gestión de esas cuentas es BANESTO, que ganó el último concurso en julio de 2009. En el pliego de condiciones del último concurso, se exigía a las entidades de crédito que quisiesen participar ofrecer una remuneración superior a la de referencia (Euribor a tres meses a corto plazo y bono a tres años a medio). Ni que decir tiene que prácticamente nadie recibe por su cuenta una rentabilidad superior al Euribor, sino muy inferior. En 2009 sólo concursaron BANESTO y BBVA, que había gestionado esas cuentas con anterioridad. Al abrir  los sobres con las ofertas económicas, mientras BBVA ofrecía un diferencial de 0,68 puntos sobre el Euribor y de 0,53 puntos sobre el bono a tres años -una rentabilidad muy elevada en estos tiempos, pero no escandalosa-, BANESTO llegó a un diferencial de 1,80 puntos sobre ambas referencias: algo asombroso, sobre todo si se tiene en cuenta que en el periodo del concurso anterior BANESTO había ganado ofreciendo un diferencial de 0’37 puntos.

Sin duda, BANESTO y BBVA concursaron en 2009, no por hacer el bien sin mirar a quién, sino porque les interesaba económicamente ese conjunto de cuentas.  En su día, los analistas, tras el asombro de la oferta tan excepcional en “generosidad” de BANESTO, una oferta de apariencia temeraria, la explicaron por la inyección de liquidez que las cuentas de marras suponían, liquidez que, pensaban, el Banco adjudicatario no podía lograr a coste más bajo. Sea de ello lo que fuere, el Banco ha movido y mueve ese dinero con el ánimo de lucro propio de toda entidad de crédito. El dinero es directamente productivo para el Banco y probablemente lo es también para personas, físicas y jurídicas, clientes de esa entidad. Pero está, además, una extraordinaria, espectacular rentabilidad de las cuentas de consignaciones y depósitos para el Tesoro del Estado, no para la Justicia.  Esos “miles de millones de euros” son  productivos, muy productivos, para las arcas públicas. Por añadidura, BANESTO ofrece “productos” especiales a los servidores, directos e indirectos, de la Justicia, lo que no me parece mal, pero es una realidad innegable: vean, si no, el “Club Banesto Justicia” y sus diversas ventajas, que, por supuesto, no hay que confundir con donaciones o ayudas a fondo perdido: los “beneficiados” pagan y benefician al banco.

Ante esta realidad compleja, el nuevo Ministro de Justicia debería haber sido cumplidamente informado, para no despacharla con la frasecita que soltó, ni siquiera en su versión de eliminación o reducción de dilaciones indebidas. La frase resultó muy demagógica y generadora de confusión para el ciudadano común. En especial cuando está prevista la indemnización por dilaciones indebidas dentro del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y en el año 2010 sólo se despacharon 212 expedientes por ese anormal funcionamiento y se pagaron 4.835.901 €, lo que no parece demasiado y, sobre todo, acredita que los españoles no son grandes aficionados a pelear por ese concepto de la dilación indebida.

Pero hay algo más. Al ciudadano común no se le puede decir que la Justicia –con dilaciones- está reteniendo miles de millones de euros que podrían ser dedicados a la inversión y que podrían ser productivos (lo que implica que ahora no lo son), sin mencionar que miles de empresas están pagando tasas por litigar desde la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (art. 35). En el año 2010, según datos del Ministerio de Economía y Hacienda, el Tesoro recaudó 172.287.000 €. El importe de esas tasas no ingresa en las “Cuentas de Consignaciones y Depósitos”, sino que lo recauda en directo la Administración Tributaria del Estado principalmente por el método de autoliquidación. No es muchísimo dinero, pero es algo nada despreciable y dar la impresión de que las pobres empresas tienen caudales retenidos, improductivos, sin decir que se les cobra por demandar y recurrir, es confundir y engañar, aunque no hubiese intención de hacerlo. Si quiere seriamente el Ministerio de Justicia activar la economía real, intente no arrebatar a las empresas que litigan esa pequeña liquidez. Me parece que el Ministro de Hacienda, Sr. Montoro, que lo era al aprobarse la Ley 53/2002, no le va a dejar. Pero si quiere no mermar eurillos a consumidores, usuarios, peatones y empresas, elimine la tontería de los depósitos para recurrir que se devuelven si se gana el recurso. Así, además de dejar algún dinero más en nuestros bolsillos, nunca podremos pensar que hemos perdido un recurso porque eso de reintegrar depósitos de 25 € lleva tiempo y papeleo.

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