DEFINITIVAMENTE, EL MODESTO VICENTE DEL BOSQUE TRIUNFA, MIENTRAS OTROS, NADA MODESTOS, DEFINITIVAMENTE, NO TIENEN ARREGLO

LA SALA DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO AMENAZA AL GOBIERNO AL QUEDARSE SIN COCHES OFICIALES

Como habrán visto, mi veredicto en el "post" anterior sobre el triunfo de la selección española de fútbol no ha podido tener más contundente confirmación. El señor Don Vicente del Bosque, que ya había acreditado plenamente sus cualidades, ha quedado consagrado por eso que a todo el mundo le importa, que es el resultado. Pero, a diferencia de cientos de miles de casos, aquí el resultado ha sido el que correspondía a la ilusión y, sobre todo, a un trabajo esforzado, coherente con la ilusión. En estos tiempos en que se diría que sólo los resultados interesan y no interesa cómo se alcanzan, es consolador un “happy end” (en realidad, el “happiest end”, el final más feliz), debido al acierto sobre los medios. Sólo añadiré que quizá muchísimos de los que, muy contentos ante el triunfo de una selección de fútbol, hoy dicen “hemos ganado”, probablemente, no dirían, si Italia hubiese vencido (mera hipótesis, porque no hay una selección campeona con sólo un buen portero, un excelente jugador, dos buenos y un seleccionador muy meritorio) algo similar al “hemos perdido, pero gracias (en el sentido de gratitud) a los azules”, como se lee en algún diario italiano (Il Corriere della Sera), sino que estarían poniendo verde a Don Vicente del Bosque y a tales y cuales jugadores españoles, o a todos ellos.

Y aunque el fútbol es sólo el fútbol, España -sí España, no su selección de fútbol, sino España, es decir, los españoles, que somos todos vagos, despilfarradores, sesteadores, dopados, etc.- nos hemos librado de ácidas y dañinas críticas que nos hubiesen dirigido aprovechando la derrota futbolera. Bien está que el ánimo se levante y se eviten bobadas.

De lo que va a ser dificilísimo librarse es de la mentalidad del “Estado de partidos” que los políticos tienen metida hasta la médula y de la penosa actitud con que desempeñan sus cargos en la cúpula del gobierno del Poder Judicial (Consejo General del Poder Judicial, CGPJ) y en el vértice de la piramidal organización judicial española, es decir, en el Tribunal Supremo (TS).

Vean, en un detalle, formal si se quiere, pero significativo, cómo, puestos de acuerdo PP y PSOE en 4 nuevos Magistrados del Tribunal Constitucional, no han sido capaces de presentar a esas personas como candidatos de ambos partidos, sino que han especificado los dos propuestos por el PP y los dos propuestos por el PSOE. Ya digo que ha sido una cuestión de forma, pero el partidismo metido hasta el tuétano les impide incluso “guardar las formas”.

En el CGPJ, ha sido noticia una cifra media de 22.000 euros de gastos anuales en viajes por cada Vocal. No desmentida la cifra, la doy por buena y me confirma en que, como ya dije aquí, lo del Sr. Dívar era conforme a un patrón colectivo. Pero lo más asombroso, lo más indigno, lo más desesperanzador es que la Sala de Gobierno del TS produzca un acuerdo contra el Gobierno o el Ministerio del Interior porque los Magistrados del TS se han quedado sin coche oficial (y sin escolta).

Con ese acuerdo, la Sala de Gobierno del TS se mete donde nadie le llama, es decir, adopta acuerdos fuera de sus competencias legales (vean si no me creen, el art. 152 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) (LOPJ) (y fuera de sus competencias, ningún órgano público debería considerarse ni siquiera existente) y, más aún, todos sus miembros, excepto los que hayan salvado su voto, incurren en la falta disciplinaria grave prevista desde 1985 (con antecedentes en 1870) en el art. 418, nº 3 LOPJ: “dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición.” Esta falta se ha interpretado siempre, pienso que con acierto, muy restrictivamente, sin considerarla cometida ante escritos o dichos muy críticos de Jueces y Magistrados, cuando no escribían o hablaban primordialmente en cuanto jueces. Pero, en el caso del acuerdo de la Sala de Gobierno del TS, es innegable que la censura se produce sirviéndose de la condición de Magistrados. Y cuando dicen, concretamente, que esperan que la medida adoptada no signifique, "tal como en principio aparece, una injustificada discriminación institucional puesto que si así fuese la Sala de Gobierno adoptaría las iniciativas oportunas" (la cursiva es mía), se sitúan muy cerca de la falta muy grave del art. 417, nº 13 LPOJ: “el abuso de la condición de juez para obtener un trato favorable e injustificado de autoridades, funcionarios o profesionales”, por no hablar de ilícitos aún más graves, porque el tono y el tenor literal de ese “adoptaría las iniciativas oportunas” suena a amenaza.

Pero a mí no me interesan ahora las sanciones ni los procedimientos. Sería sanísimo, para todos los españoles, que tampoco los Magistrados del TS se considerasen provistos de inmunidad e impunidad, a legibus soluti (liberados de la ley), sino a legibus alligati (atados por la ley), en la línea que la Escuela de Salamanca, antes que ningún otro personaje jurídico de la historia, proclamó respecto del soberano, del Princeps. Pero tendría yo que ser memo si pensase que el CGPJ está en mínimas condiciones de controlar la legalidad de los acuerdos de la Sala de Gobierno del TS.

Sea o no sancionable y aunque no sea sancionado, lo de la Sala de Gobierno del Alto Tribunal rompe la cota de la más absoluta inelegancia, por mucho que la retirada de coche oficial y escolta (por el Ministerio del Interior) se presente como agravio comparativo, según se ha presentado, en efecto. Parece mentira que los Sres. Magistrados miembros de esa Sala ignoren que nadie tiene derecho a coche oficial y que sus coches oficiales, como sus escoltas, obedecían a una valoración de riesgo que, bien o mal hecha, no es de su competencia, sino de la del Ministerio del Interior. Si consideran que la valoración pone en peligro sus vidas, hagan las gestiones oportunas, pero no adopten un acuerdo de aspecto penoso, porque se constituyen en jueces y parte de la cuestión y se pronuncian sobre asunto por completo ajeno a sus atribuciones legales. Y si resulta que otros cargos, aun inferiores en categoría, conservan su coche oficial, probablemente porque éste no depende del Ministerio del Interior, muestren los Magistrados de esa Sala un mínimo de señorío en vez de comportarse como niños envidiosos. ¿No se dan cuenta de que esta protesta no puede ser entendida por el ciudadano común? ¿En qué clase de burbuja viven? ¿Cómo no piensan en la reacción social de rechazo que generará su queja y, sobre todo, en que su actuación enrabietada redundará en un injusto desprestigio de centenares de jueces y magistrados que, sin coche oficial, siguen intentando hacer su trabajo cada dia, lo mejor que pueden? A esta última cuestión puedo responder con algo que ya escribí y publiqué: no hay un ámbito de la vida pública más ajeno a los problemas diarios de la Juzgados y Tribunales que el ámbito del TS.

Pero es que hay más, tiene más delito lo de esta Sala de Gobierno del TS. ¿Cuáles serían esas “iniciativas oportunas” que la poderosa Sala “adoptaría” si no les restituyesen los coches y los escoltas (pero, sobre todo, los coches con chófer)? (espero, por cierto, que no lo haga el Gobierno a causa de la amenaza). Porque uno debe pensar que, por perdías que estén las cabezas (que lo están y mucho, muchas de ellas, demasiadas), algo tenían en mente los miembros de la Sala de G. del TS al referirse a unas “iniciativas" o medidas "oportunas”. ¿Quizá amenazan con condenar al Ministerio del Interior o a cualquier Ministerio en los procesos contencioso-administrativos que le tocan a la Sala Tercera o en encausar a las primeras de cambio a los aforados a la Sala de lo Penal?

Ante esta pregunta, tal vez algún lector considere que me excedo en malévola suspicacia. Pues no, no me excedo. Hubo un comando -espero que se haya extinguido- de ciertos Magistrados del Tribunal Supremo que, no hace demasiados años, logró el denominado “estatuto de los Magistrados del Tribunal Supremo” a base de peregrinar por altos despachos gubernamentales y parlamentarios y en algunos de ellos presionaron de hecho como me he atrevido a imaginar ahora, a propósito de las “iniciativas oportunas”. Y, además, he escuchado decir que en la Audiencia Nacional, a causa de la supresión de escoltas y coches, se plantean, como represalia, denegar solicitudes de intervención de comunicaciones, registros, etc., puesto que Interior sostiene que ya no hay peligro. Se trata de un despropósito mayúsculo, con tintes delicuenciales, pero, por desgracia, no sería el primero.

La “protesta” de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo no se encuentra, en estos momentos, en la “web” del Alto Tribunal, pero no cabe dudar del acuerdo de marras, pues todos los medios se hacen eco de él. Me atrevo a pedir que lo “cuelguen” íntegro cuanto antes, con expresión de los participantes en esa Sala de Gobierno y, en su caso, de los votos discrepantes. No es sólo cuestión de gallardía elemental que den la cara, con nombres y apellidos, los responsables de la ilegal rabieta. Es que no pueden o, mejor, no deben unos cuantos infamar a todos los Magistrados del Tribunal Supremo. O mucho me equivoco o bastantes de ellos no se considerarán debidamente representados. Y si aclaran que "las iniciativas oportunas" serán contratar de su bolsillo, a prorrata, un servicio de taxis, mejor que mejor.

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PS. En el tiempo en que fui Vocal del CGPJ -noviembre de 1990 a mayo de 1996, con ETA "a pleno rendimiento"- ninguno de los Vocales teníamos escolta. Mi nombre apareció en una lista encautada a ETA, pero como no se trataba de documento que implicase riesgo próximo, sólo se me hicieron algunas recomendaciones especiales. No se me ocurrió -ni conozco a ningún otro Vocal de aquella "edición" del CGPJ al que se le ocurriese- poner en duda el buen criterio del Ministerio del Interior.