¿ES QUE HAY UN NUEVO PREMIO, MULTIMILLONARIO, A LA OCURRENCIA MÁS INCONSTITUCIONAL?

 

UNA ESPAÑA CONVULSA A CAUSA DE PROPUESTAS IMPRUDENTES

 

(ESTADO FEDERAL, "¡FUERA LA CONSTITUCIÓN!" Y TRASPASO DEL "PODER JUDICIAL" AL TRIBUNAL SUPREMO)

 

Vaya por delante una conveniente información. Cuando se gestaba la Constitución Española (CE) vigente, de 1978, escribí y publiqué, en bastantes diarios y semanarios e incluso en alguna revista especializada, muchas páginas con críticas y objeciones (e incluso algunas fueron tenidas en cuenta).

Puse a borrador y anteproyecto de CE duros reparos en cuanto al método. Vean, por ejemplo:

«“Qué democracia es ésta en la que los ciudadanos ignoran dónde está de veras cada cual? ¿Se pueden llevar las técnicas “consensuales” (esto es, las pseudoconsensuales, que ciertamente, eluden la democracia y, lejos de consolidarla, aplazan su simple presentación al público) al extremo de un “conclavismo” tan habitual y de tal envergadura que permita sembrar la duda, nada menos que sobre la consideración práctica que la unidad nacional y la forma de Estado merecen a las diversas fuerzas políticas?»

«La democracia se falsifica, no sólo cuando no hay libertad de información, sino también —más sutilmente, pero con mayor alevosía— cuando no se facilita la información imprescindible para el enjuiciamiento de la labor de los políticos. Cuando no se explica el significado que cada cual concede al concepto “nacionalidades” o a la expresión “libertad de enseñanza” o, en otro orden de cosas, cuando no expone cada uno su verdadera postura en relación con las elecciones generales, después de la Constitución, o cuando no se motivan los proyectos legales y el consenso secreto sustituye a la explicaciones racionales, cabe concluir que la democracia se ha falsificado, quedando reducida a un mero revestimiento formal, empobrecido y mínimo, de una oligarquía despótica y, por añadidura, muy poco ilustrada”. (…)» (Falsificar la  democracia, en Actualidad Económica, 14 de octubre de 1978).

Pero me opuse también a bastantes contenidos de la CE. Me parece que unas pocas frases, anteriores a la interpretación expansiva de las previsiones del Título VIII (el famoso “café para todos”, al que la CE no obligaba), serán expresivas:

«…un ministro del Gobierno, y de los que suelen ser calificados como progresistas, no deja de decir que el Título VIII de la Constitución (las autonomías) nos va a llevar, entre otras cosas, a la suspensión de pagos del Estado.  Esta opinión (…) es compartida por muchos parlamentarios de UCD y hasta del PSOE (seriamente dividido ahora, no sólo por el tema del marxismo, sino justamente por el tema autonómico), pero sigue sin abrirse un debate que haga llegar al ciudadano medio los inconvenientes —¡y los costes verdaderos!— del “proceso autonomizador”, cuya excesiva alegría advirtieron, desde el primer momento, las mentes menos frívolas. No sólo no se abre debate, sino que ni siquiera se facilitan cifras ni se fijan criterios elementales. Y, como este tema, muchos otros más, bastantes de los cuales saldrán de la caja de Pandora de la Constitución…» (España malhumorada, en Actualidad Económica, 30 de diciembre de 1978).

Supongo que queda así suficientemente claro que no he sido nunca de los que pensaron o piensan que la Constitución Española (CE) de 1978 es una maravilla compuesta por muchos grandes aciertos y con muy escasos errores. Pero, aparte de que en el 2012 se engendraría una Constitución mucho peor que la de 1978 (no puedo detenerme a explicarlo, pero estoy seguro de ello), una cosa es la crítica del texto constitucional cuando se está haciendo e incluso cuando lleva 34 años en vigor y otra, muy distinta, propugnar o promover políticamente en un momento dado un cambio constitucional, sea por reforma parcial de la Constitución vigente o mediante su sustitución por otra enteramente nueva.

Los análisis y las consiguientes valoraciones de una Constitución pertenecen, en sí mismos, al ámbito de la producción intelectual. En cambio, cambiar realmente la Constitución es una empresa netamente política, aunque no le falte un sustrato intelectual. Y resulta elemental —más aún, es evidente para quien no esté jugando a casitas, sino tomándose en serio la vida de un país— que la empresa política de cambiar la Constitución requiere —más allá de muchas ideas de posibles cambios— una muy generalizada y sólida convicción sobre la necesidad de colocar al país en situación constituyente o, lo que es igual, un firme consenso al respecto de los principales actores políticos. Y es preciso, además, que los previsibles protagonistas del proceso constituyente estén en condiciones, por la situación del país, de  centrarse con serenidad, durante cierto tiempo, en ese trabajo.

A mí me habría gustado y aún me gustaría —en pura hipótesis— una Constitución distinta, en muchos preceptos, de la Constitución de 1978. Algunos de nuestros problemas reales podrían arreglarse o atenuarse con una Constitución nueva, aunque no todos ni mucho menos los principales problemas: en eso discrepo por completo de los partidarios de “¡Constitución nueva, ya”! Pero ocurre, en todo caso, que no abrigo la más mínima duda de que no se dan en este momento —ni cabe esperarlos de aquí a poco— ninguno de los presupuestos y condiciones que hacen, no ya prudente y viable, sino simplemente no temerario, no suicida, ponerse ahora a tumbar la Constitución de 1978 y a sustituirla por otra. No hay consenso sobre el si ni sobre el qué de una Constitución diferente y el ambiente político difícilmente podría ser más opuesto a la mínima serenidad que demanda el trabajo constituyente.

Hoy, por hoy, dados los desacuerdos sobre innumerables preceptos de la CE (desde su Preámbulo hasta el art. 80 incluido y muchos otros posteriores, en cuanto suponen dos Cámaras legislativas, más todo el Titulo VI sobre el “poder judicial”) el único acuerdo inicial de un proceso constituyente sobre el que podría registrarse el consenso de millones de españoles, sean de izquierdas, de derechas o de centro, sería el de limitar la reforma constitucional al Título VIII: “De la Organización territorial del Estado”. Se trataría, a la vez, del cambio constitucional más pertinente en relación con nuestros problemas pasados, presentes y futuros. Pero ese consenso de ciudadanos que me parece probablemente existente sólo sería eficaz si estuviesen debidamente representados en instituciones relevantes, que no lo están. Además, ni PP ni PSOE están, de hecho, por esa labor de cambio constitucional limitado: no están, por desgracia, ni siquiera por explorar juntos, discretamente, esa posible reforma. Tienen incluso una división interna (las baronías territoriales ya son demasiado fuertes).

Sin un amplio y sólido acuerdo de las más importantes fuerzas políticas, cualquier cambio constitucional de cierta envergadura agravaría enormemente nuestra apurada situación, porque no tiene ningún efecto positivo dar una imagen de inestabilidad política o, para ser más exactos, reforzar la impresión de inestabilidad que, con buenas dosis de interés tendencioso, ya se está fabricando y transmitiendo fuera de España, como ingrediente del complicado juego (bastante sucio) de la política internacional que se entrevera con la mega-crisis económica europea y mundial.

Tenemos un pavoroso conjunto de problemas reales derivados de una clase política que no quiere reducirse (aunque es una falsedad y una tomadura de pelo eso de los quinientos mil y pico políticos que hay en España) ni reducir las estructuras del Estado (el Gobierno y la Administración centrales, las Comunidades Autónomas, los Municipios, las empresas públicas, etc.) y, así, sigue pretendiendo sostener lo insostenible y, por tanto, continúa con la presión recaudatoria a la ciudadanía y aumenta el endeudamiento, lo que es igual a impedir cualquier recuperación de la economía real y agravar los problemas futuros.

Todo está siendo salir del paso en el problema de la financiación del Estado, sin actuar sobre sus causas y sin comenzar a arreglarlo con mediana seriedad sino, por añadidura, con constante empeoramiento de la situación vital de la inmensa mayoría de los españoles. Quieren que “los mercados” nos den una tregua, pero no hacen sino ofrecerles armamento. Soy de los que piensan —aquí lo he dicho bastantes veces— que España tiene enemigos. Pero lo más grave son los “amigos”, los políticos y dirigentes sociales y económicos españoles que se comportan como si hubiese que ayudar a quienes, por diversos motivos y razones,  están interesados en nuestra ruina. Así que, cuando incluso a muy corto plazo España continúa en tremendos apuros y con pésimas perspectivas, resulta estupefaciente que parezca haberse iniciado un concurso de disparates e imprudencias anti- o contraconstitucionales, estimulado por un premio multimillonario.

La Constitución Española de 1978 no me gusta, insisto. Pero no es ni la primera ni la principal causa de nuestros problemas, que no han sido y no son primordialmente normativos, sino de multiforme corrupción del elemento humano en muchos ámbitos (sin modificar la Constitución podría cambiarse el sistema electoral y podría rectificarse muy notablemente el insostenible “Estado de las Autonomías” actual, exacerbación superlativa del Título VIII CE). Mas, si no parece que exista voluntad política para cambios legales infraconstitucionales en esas dos líneas, ¿cómo habría consenso para cambios constitucionales? A mi modo de ver, lo que nos convendría, si acaso, para ir saliendo de la mega-crisis, es apoyarnos en la Constitución de 1978, en vez de empezar a constituirnos de nuevo en medio de nuestros enormes problemas.

Por todo eso, ha sido una colosal imprudencia la propuesta de hacer de España un Estado federal. Esto es lo que se le ha ocurrido al líder del PSOE, Rubalcaba, precisamente en vista del independentismo del President de Catalunya, Artur Mas. Genial. A las pocas horas, se matizaba la ocurrencia de Rubalcaba desde el mismo PSOE, pero unas cuantas horas después, vuelta la burra al trigo del federalismo. ¿No se dan cuenta de que si la propuesta independentista de Mas es muy problemática (para Cataluña también), aún más complicado y problemático sería convertir un “Estado de las Autonomías” en Estado federal? En el PSOE hay gente con la cabeza encima de los hombros: ¿por qué han sido apartados y silenciados en beneficio de improvisadores con la cabeza perdida si alguna vez la tuvieron? Ya no pido que PSOE y su hermano el Partit des Socialistes de Catalunya (PSC) alcancen un criterio homogéneo, pero ¿no podría el PSOE propiamente dicho, el que se dirige desde la calle Ferraz, de Madrid, no echar litros de gasolina sobre los rescoldos de la hoguera encendida por Artur Mas y decir algo claro y contundente para que no haya incendio o para que, cuando menos, el incendio se limite al espacio que le consientan los catalanes al Sr. Mas?

Por su parte, los manifestantes del “Rodea el Congreso”, que pueden tener mil motivos innegables para el máximo enfado, ¿a quien creen que han hecho el juego a fin de cuentas, sino a “los mercados”, al “sistema” y a Wall Street? Por insatisfactorio que sea —y no soy sospechoso de no decirlo con claridad— el “Estado de partidos”, ¿pueden esos manifestantes pretender con éxito que ellos representan a los ciudadanos españoles más y mejor que el Congreso de los Diputados, negando así radicalmente la Constitución en vigor? También el “Estado de partidos” podría ser atacado con reformas de categoría infraconstitucional. Siempre serían más serias que pretender erigirse tumultuariamente en genuinos representantes de los españoles machacados e indignados.

Pero hay ocurrencias contra-constitucionales en otros terrenos, que siempre han interesado en este blog. Hay ocurrencias —¡asómbrense!— desde el mismo Gobierno de la Nación. El Ministerio de Justicia, encomendado al Sr. Ruiz Gallardón, está empecinado en unas reformas contrarias al funcionamiento de la Administración de Justicia y en otras contrarias, no ya a los excesos insufribles del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sino al designio constitucional, mejor o peor perfilado, pero en sí mismo suficientemente claro y legítimo, de un órgano de garantía de la independencia judicial, concebido como órgano colegiado compuesto por juristas de peso.

La hipertrofia y la corrupción de ese órgano, no debidas principalmente a la Constitución, sino a que las ha permitido y promovido la misma clase política (con la complicidad y el estímulo de corporativismos exacerbados), no se combaten ni sirven de justificación al nuevo CGPJ que promueve el Sr. Ministro, miembro en cuerpo y alma, desde su juventud, de esa clase política. Algunos cambios del proyectado nuevo CGPJ obedecerían a criterios atinados y plenamente acordes con la CE —por ejemplo, que el CGPJ vuelva a dedicarse sólo a lo que le corresponde y que carezca de otra potestad reglamentaria que la interna—, pero, en otra gran parte, responden a criterios que, quizá serían defendibles en un proceso constituyente, pero que, a mi parecer —y éste es un tema del que algo entiendo—, resultan incompatibles con el diseño constitucional y opuestos a él.

El CGPJ puede y debe ser sometido a una estricta dieta de gasto y ser centrado en sus funciones constitucionales. Pero ahora, con lo que quiere Ruiz Gallardón, el CGPJ pasaría a ser un órgano muy débil, muy funcionarizado, bastante ministerializado y, de hecho, una especie de apéndice del Tribunal Supremo. Ya lo dije aquí mismo el pasado 12 de julio de 2012: EL CGPJ, DE MASTODONTE A ORGANISMO MICROSCÓPICO: UN CAMBIO OPORTUNISTA, CON TRAMPA POLÍTICA Y DESPRECIO DE LA CONSTITUCIÓN VIGENTE   http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2012/07/el-cgpj-de-mastodonte-organismo.html. El CGPJ tendría que estar presidido por un Magistrado del TS, Vicepresidido por otro Magistrado del TS y condicionado absolutamente en la acción disciplinaria por otro Magistrado del TS. Los 20 Vocales compatibles, que nunca estarían en el CGPJ, únicamente irían a (a)probar todo y sólo lo precocinado por el Mando Supremo y a cobrar las dietas.

Me parece necesario hablar ya muy claro de una situación de rebelión contra-constitucional —no del todo abierta, sino en parte soterrada, pero real y muy intensa— que dura más de treinta años y que viene provocando importantes problemas institucionales en España y a España. Me refiero a que el Tribunal Supremo nunca ha aceptado que la Constitución Española de 1978 optase legítimamente por crear dos órganos: el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional (TC). En el proceso constituyente de la CE se discutió expresamente al respecto y se optó de manera muy clara por un gobierno de la Magistratura (de toda ella) claramente desligado del Ejecutivo (CGPJ) y por no constituir al Tribunal Supremo también en Tribunal Constitucional, sino crear un Tribunal distinto. Sin duda —lo he estudiado con detalle y a fondo y está publicado sin ninguna refutación— las relaciones, los límites y las separaciones funcionales entre los dos altos Tribunales (TS y TC) han sido y son difíciles, porque no se establecieron —después de la Constitución— del mejor modo posible y también porque no se nombró, en demasiados casos, a juristas de talla. Pero la opción constitucional era legítima y podría funcionar en el futuro, siempre que algunos preceptos constitucionales (a los que ya apunté como muy problemáticos durante el proceso constituyente) se interpretasen con sensatez.

Esta tensión entre los dos Tribunales, en la que —debo decirlo— las formas han sido guardadas por el TC y ampliamente sobrepasadas e infringidas por el TS, nos ha ofrecido ya espectáculos penosos: desde amenazas de querella y amagos públicos de acudir a la Corona procedentes del TS hasta una increíble sentencia de la Sala de lo Civil del TS condenando a Magistrados del TC por una presunta responsabilidad civil en realidad inexistente e incluso infundada en cuanto a los hechos. Y ahora mismo, a instancias del mismo abogado-agitador hace años demandante, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS está literalmente pidiéndole cuentas al TC (debo estar perdiendo facultades, pero me gustaría entender qué clase de “derecho o interés legítimo” puede ostentar el abogado en relación con viajes de Presidentes del TC, la Sra. Casas o el Sr. Sala).

Aclaro que, en el terreno de las opiniones, vale perfectamente pensar que la Constitución no debió optar por un TC separado del TS o no debió crear el CGPJ. Pero, dado que optó por lo contrario, debería aceptarse y respetarse la opción constitucional, en vez de cuestionarla constantemente desde el Tribunal Supremo. Y eso hace más grave, claro es, la iniciativa ministerial, que, con el pretexto de poner orden en el CGPJ, lo reduce a la mínima expresión, para sustituirlo por un Presidente, Magistrado del TS (lo que la Constitución no exige, porque no lo quiere), apoyado en un nuevo cuerpo funcionarial (el de Letrados del CGPJ: ¡lo que faltaba!), con un Promotor de la Acción Disciplinaria (pegado al CGPJ, ajeno a él, pero también necesariamente Magistrado del TS) que no es, ni mucho menos, una fórmula necesaria para el correcto ejercicio de la potestad disciplinaria, pero sí la condiciona y minora grandemente en cuanto atribuida por la Constitución al CGPJ, órgano colegiado, y con unos Vocales sin incompatibilidades, cuando la Constitución prevé expresamente, respecto de ellos, un régimen de incompatibilidades (art. 122.2 CE).

Entre las funciones constitucionales del CGPJ destaca la aplicación de lo que se ha llamado “sistema de premios y castigos” respecto de todos los Jueces y Magistrados. Y la inspección de los tribunales. Y eso incluye a los Magistrados del TS y al TS mismo. Pues eso, muy neutralizado ya con reformas legales hoy vigentes, desaparecería completamente por obra y gracia de un Gobierno desconcertado, en el que ha tenido cabida un hombre inteligente, pero que no sabe nada sobre la realidad de nuestra Justicia y que, quizá inconscientemente, se ha echado en brazos del “comando supremo”, al que ya me referí aquí el 2 de julio de 2012 en este “post”: DEFINITIVAMENTE, EL MODESTO VICENTE DEL BOSQUE TRIUNFA, MIENTRAS OTROS, NADA MODESTOS, DEFINITIVAMENTE, NO TIENEN ARREGLO, subtitulado LA SALA DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO AMENAZA AL GOBIERNO AL QUEDARSE SIN COCHES OFICIALES: http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2012/07/definitivamente-el-modesto-vicente-del.html.

El Anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo relativo al CGPJ es precedido de una motivación formalmente brillante en muchos pasajes: ha sido escrita, sin duda, por persona inteligente. Pero los ingeniosos argumentos que presenta no me parecen convincentes respecto de importantes cambios (Presidente del TS necesariamente magistrado del TS; necesidad de Promotor de la Acción Disciplinaria, también Magistrado del Supremo; ausencia de incompatibilidades) y sobre todo, en absoluto convincentes como determinantes de la necesidad de un tal CGPJ, tan tremendamente devaluado y, precisamente, a favor del Tribunal Supremo, justo en el contexto histórico real de la constante enemiga del TS al CGPJ (enemiga que no se justifica porque el CGPJ no haya sido precisamente un faro de ejemplaridad: tampoco lo ha sido el TS, con crasas infracciones legales no infrecuentes). Una importante corrección legislativa sobre el CGPJ podría barrer la corrupción y revitalizarlo como órgano constitucional de garantía de la independencia judicial y de gobierno razonable de los Jueces y Magistrados, a favor de todos los ciudadanos. Lo que el Anteproyecto apoya es, a la postre, un CGPJ que, a mi entender —y he sido Vocal del CGPJ y su crítico público más constante, siempre sin refutación de ninguna clase— no es el CGPJ querido por la Constitución y no logrado desde su politización en 1985, proseguida después sin pausa por la clase política. Objetivamente, es el mantenimiento formal de un órgano mencionado en la Constitución, con lo que cabe decir que se atienen a ella, pero materialmente es el desmantelamiento de lo que la CE quiso y de lo que personalmente, considero que sería bueno que volviese a la vida, en vez de ser neutralizado o desactivado. En cambio, lo que el Anteproyecto consagraría es el poder político del Tribunal Supremo, con miembros vitalicios de facto ya omnipotentes y sin control. No me es posible imaginar nada peor. Si es necesario, me extenderé al respecto otro día. Ahora sólo apuntaré que el gobierno de la Magistratura por un selecto grupo de Magistrados del TS ya se intentó —yo lo presencié, por así decirlo— en el tardo franquismo. No lo querían los Magistrados enterados del intento y no salió adelante. Pienso que esta vez tampoco tendrá éxito el proyecto.