miércoles, 10 de octubre de 2012

SE ACERCAN UNAS SUPER-TASAS JUDICIALES Y UNA JUSTICIA SÓLO PARA RICOS



TODOS A LO SUYO Y NADIE (O CASI) EN LO DE TODOS

Habrán visto en este blog “Por Derecho” un enlace que se refiere al amenazante “Proyecto de Ley  por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses”. En el blog “Hay Derecho” (con enlace aquí) se publicó el lunes 8 de octubre de 2012, un artículo que informa suficientemente, me parece, de la tremenda amenaza. Y si quieren ver el Proyecto con detalle, vayan a la web del Congreso de los Diputados:



No voy a insistir ahora en ejemplos de lo que pretende ese Proyecto, que sigue la línea de la implantación, por el anterior Gobierno, de unas tasas relativas a los recursos. Los efectos nefastos de lo que ahora avanza sin parar en el Congreso de los Diputados son infinitamente superiores a los de las tasas ya implantadas. Tampoco me detendré en el hecho de que —con dudosa constitucionalidad— Cataluña ya aprobó una ley de tasas en la línea del temible Proyecto, aunque con cuantías mucho más razonables. Esta dualidad de normas (y en la Comunidad Valenciana se prepara otra) no es precisamente clarificadora sobre el acceso a la Justicia. Pero el Proyecto de Ley citado supondría, en todo caso, impedir el acceso a los Tribunales a millones de españoles, sobre todo a personas físicas y a pequeñas y medianas empresas, que no andan precisamente holgadas en liquidez y, con frecuencia, sí están ahogadas por el impago de las Administraciones y empresas públicas (con cruel sarcasmo, estos acreedores no podrían demandar a esos deudores gracias a la Ley proyectada).

De lo que ahora quiero hablar es de lo que hacen, al respecto, el Consejo General de la Abogacía y los Colegios de Abogados, el Consejo General del Poder Judicial, las asociaciones judiciales, las Facultades de Derecho y sus profesores, etc. Es muy corto lo que tengo que decir: no hacen nada, al menos nada de mínima entidad, nada informativamente digno de atención, pese a que el Proyecto, de convertirse en Ley, cambiará de modo radical la realidad jurídica española.

Los jueces (simplifico y me refiero también con este nombre a los que han alcanzado la categoría de “magistrados”) no hacen nada porque quizá piensan que su carga de trabajo disminuirá drásticamente en cuanto se empiece a cobrar sin moderación el inicio de cualquier litigio (menos las denuncias y querellas). Tal vez eso explique su silencio y su inacción. Pero esa explicación implica que los jueces ya han decidido no ser sino unos funcionarios más, un tipo de empleado público como otro cualquiera: eso se viene predicando desde dentro (alguna asociación lo ha dicho recientemente sin ningún pudor) para movilizar reivindicativamente a los miembros de la Carrera Judicial como se movilizaría cualquier trabajador ante los “recortes”.
 
Hay en eso un tremendo error de base, consistente en no reconocerse como unos servidores públicos muy especiales, con una potestad singularísima atribuída para protegernos a todos. Que los jueces se consideren ante todo jueces no les debería impedir moverse en defensa de sus derechos. En cambio, que para incrementar su actitud o talante reivindicativo acepten dejar a un lado su específica condición judicial, aparte de no serles de ninguna utilidad para sus derechos, es fatal para los derechos y deberes de todos nosotros. Los partidarios de esa proletarización judicial se están haciendo responsables de una degradación ética y cívica del oficio de juzgar que será devastadora para la tutela jurídica de todos. La proletarización de la Judicatura que ya hemos denunciado hace tiempo nos deja a todos a merced del puro poder de cualquier tipo (piensen un poco en la extrema dificultad añadida por las tasas para acceder la jurisdicción contencioso-administrativa, que más directamente controla la legalidad del Ejecutivo y de las Administraciones públicas). Y no es consolador que nuestra tristeza la padezcan también cierto número de jueces decentes y dignos, que injustamente sufrirán —sufen ya— el desprestigio general de la Judicatura.

Ni CGPJ ni asociaciones judiciales dicen nada de las tasas futuras. Lo que ahora recoge la prensa es una pelea entre jueces y fiscales de la Audiencia Nacional por unas plazas de aparcamiento. Y hace días, lo que veía publicado el español medio era una pelea entre jueces y Ministerio de Justicia por tipos y días de permisos, pelea que, al parecer, no iba a llegar a mayores por la generosa cesión del Ministerio. ¿Cómo podrán los jueces quejarse del desprestigio social —que, sí, es indeseable e incluso injusto— cuando permiten esa “imagen” de casta alejada de la gente, de la realidad? ¿Cómo piensan que, metidos en su mundo pequeñito, pero con empleo fijo y bastante bien pagado (señores jueces y magistrados: piénsenlo bien antes de quejarse públicamente: Vds. cobran más que la mayoría de los servidores públicos titulados universitarios y no hablemos de los magistrados del Tribunal Supremo, que cobran bastante más que los Ministros del Gobierno de España) podrán recibir la comprensión de unos ciudadanos que las están pasando canutas? (Por si los dos párrafos anteriores no estuviesen del todo claros, lean el comentario de Anónimo judicial y mi respuesta en dos partes).

Más sorprendente, con todo, es el silencio de los abogados. Y lo dice quien ha sido y se ha sentido y aun se siente abogado, desde hace más de treinta años, aunque ahora no ejerza. Incluso si los Colegios de Abogados hubiesen perdido (que lo han perdido) todo aliento de mínimo altruismo y de conciencia de su legítima función social, ¿cómo no reaccionan ante un Proyecto que previsiblemente perjudicará tremendamente a miles de abogados, al reducir su clientela?

Se puede pensar —hay quien lo piensa— que el dominio de los grandes despachos o “firmas” de abogados es total sobre los Colegios. No estoy en absoluto seguro de eso y no me parece que la pasividad corporativa de la Abogacía ante el Proyecto de Ley citado se explique así. Pienso que más bien se trata de la conjunción de dos elementos: por un lado, esas corporaciones carecen de reflejos y de músculos para lo que no sea su propia rutina de funcionamiento y financiación y, por otro, están creyendo, tontamente, que —como el Proyecto se atreve a decir, pese a ser falso e ilegal: contrario a la Ley Ley 8/1989 de Tasas y Precios Públicos— lo que se saque de las venideras tasas servirá para pagar los turnos de oficio, un problema envenenado que no tiene nada que ver con la falsedad propagandística de que “en España, como la Justicia es barata, litigamos por capricho a troche y moche y eso no puede ser: el que quiera litigar, que pague”.

Este tópico pseudo-liberal, que equipara acceder a los Tribunales con beber whisky de malta o embarcarse en un super-crucero, es una gran mentira. En España, la Justicia no es barata y mucho menos gratuita, ni siquiera para quienes, como manda la Constitución, acrediten insuficiencia de recursos para litigar (art. 119 CE). En España, todo el mundo conoce que “más vale un mal acuerdo que un buen pleito” y todo el mundo sabe la verdad que encierra la maldición gitana “pleitos tengas y los ganes”. De manera que no estamos poblados por cientos de miles de litigantes maliciosos, que dan rienda suelta a su morbosa afición, como si fuesen ludópatas, a costa de todos. Y hay, por lo demás, bastantes medios contra los litigantes temerarios, distintos de cerrar las puertas a todos poniendo un alto precio a la Justicia… pero, eso sí, con exención de pago para las Administraciones públicas y asimilados (que sí litigan “gratis total” con el dinero de todos), para el Ministerio Fiscal, etc.

¿Salen a la palestra pública Decanos de Colegios o dirigentes del Consejo General de la Abogacía para ilustrar a los ciudadanos de la transformación degenerativa que se avecina, apoyada en la mendacidaz falaz que acabo de denunciar e incluso en la tergiversación absoluta de una sentencia del Tribunal Constitucional? ¡Desde luego que no! Los Colegios Profesionales, corporaciones de Derecho Público que un Pedrol Rius consiguió introducir en el texto constitucional, han perdido por completo su médula de servicio a la sociedad y su entraña deontológica y altruista. Antonio Pedrol Rius se revolverá en su tumba, porque, con todas sus particularidades (nunca fui “pedrolista”), esta desidia absoluta no le iba y no padecía la insensibilidad que se aprecia.

Pero, como se me ha hecho notar, tampoco se advierte reacción desde el ámbito académico ante el monstruoso designio de poner precios prohibitivos a la Justicia, especialmente a los particulares, a las personas físicas, a consumidores y a usuarios que quieran reaccionar de modo individual. El reproche al profesorado universitario de Derecho (y de otras carreras, también afectadas) está plenamente justificado. Pero es que la Universidad y, en concreto, las Facultades de Derecho o centros similares con otro nombre ya dejaron, hace tiempo, de ser, en su conjunto, ámbitos de constante atención a la realidad social y de generación de análisis críticos independientes. Hay, sí, algunas iniciativas aisladas, no sólo de éste o de aquél docente, sino incluso de Departamentos o de “áreas” enteras: así se entienden coloquios, conferencias, mesas redondas y publicaciones sobre asuntos de actualidad. Pero no tenemos medios ni tiempo para lograr que esas iniciativas, nunca o casi nunca corporativas, alcancen difusión social. Y, además, se trataría siempre de excepciones. La actitud general es de pasotismo y desatención hacia la realidad, actitud fomentada en ciertos casos —también hay que decirlo— por crecientes cargas de trabajo y exigencias abrumadoras de papeleo burocrático (aunque eso sí, todo por internet). Desde los Rectorados, la comunicación institucional no se pone nunca al servicio de causas cívicas, bien analizadas y fundamentadas por los universitarios que saben del tema de que se trate.

La Justicia en España no es gratuita ni barata. Pero aún es una Justicia accesible. Tras el Proyecto, si se aprueba —y me temo que así sea, pese a las enmiendas a la totalidad presentadas, primero por UpyD y después de los restantes grupos parlamentarios, excepto el Popular, claro—, la Justicia en España sólo será para los económicamente poderosos. Un enorme cambio, que apuntilla a este país. Habrá, como hemos visto, graves corresponsables de tal cambio, pero siempre será el Gobierno del Partido Popular quien habrá cometido la atrocidad y, por tanto, el primer responsable. Seguiremos (sin saberlo o sabiéndolo, tanto da) imitando lo peor del Imperio Americano: lo peor en educación y lo peor en la Justicia, como lo peor en la Banca. No sé Vds., pero yo no perdonaré ese pecado al Gobierno del Sr. Rajoy y del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.


12 comentarios:

Lisias dijo...

Me identifico con sus palabras, profesor. El legislador debería dejar de mirar al otro lado del Atlántico tratando de importar lo más defectuoso de su sistema social: una Justicia exclusiva y excluyente. ¿Serán complejos? Lo “moderno y evolucionado” junto a la junk food y meter al Fiscal como sea a instruir -panacea de la Justicia Penal, eso parece-, debe ser la Justicia a la carta patricia a golpe de tasa, y menú del día de batalla y garbanzo para los plebeyos. En esta desunida Hispania, de momento tenemos nuestra particular dieta Mediterránea que funciona para la generalidad, aunque a trancas y barrancas, cierto, pero incluso con leyes decimonónicas de base seguimos materializando la tutela judicial constitucional. Que esta no quede en una quimera a prueba de bolsillos, depende que no nos unamos a este silencio de corderos. La Abogacía debería liderar ese clamor. ¡toc,toc! ¿hay alguien ahí?. Al menos en otra época se veían luces en el piso de arriba… Será que no hay nadie en casa.
Lisias

Anónimo dijo...

Me he identificado muchas veces con sus comentarios, profesor De la Oliva, pero en esta ocasión por desgracia no puedo compartir algunas de las valoraciones que hace Vd. en su entrada. No pasa nada: no siempre se puede estar de acuerdo y no siempre tiene uno el día más acertado para exponer sus ideas (o entender las ajenas).
La primera de las afirmaciones que no comparto es que la implantación de tasas judiciales, sea cual sea su cuantía, vaya a alterar lo más mínimo la situación de la justicia. El argumento me suena a algo así como decir que introducir una tasa ecológica de 0,5 cents. por noche liquidará de un plumazo el turismo, o que la subida de un céntimo de la tasa de los carburantes arruinará a las petroleras, etc.
La justicia ya es sólo para ricos y la razón de ello lógicamente es el coste de los profesionales que intervienen, frente a cuyos honorarios, esas tasas proyectadas son de risa. Entre Vd. en cualquiera de los grandes despachos que figuran en esas listas "Chambers" y otras parecidas y luego se pasea Vd. por cualquier Juzgado de Madrid. ¿De dónde sacan esos despachos el dinero para tener semejantes edificios en zonas céntricas de Madrid o Barcelona, con cuadros de pintores cotizados, suelos de mármol y sofás de cuero de Milán? ¿Van a ver los clientes de esos despachos sustancialmente empeorada su situación por una tasa que en muchos casos será la diezmilésima parte de lo que pagan a esos bufetes? Para nada: el profesional se la repercutirá y ni se notará en la minuta. Seguirá habiendo el mismo número de pleitos y nada mejorará. Nada salvo que la Administración tendrá un nuevo ingreso, que seguramente no se dedicará a mejorar la endémica situación de penuria de nuestra maltrecha Justicia, sino a construir algún aeropuerto innecesario o a soterrar alguna radial.
Respecto a la proletarización de Jueces y Magistrados, por desgracia nos ha venido impuesta, sin que el orden constitucional nos ofrezca la más mínima herramienta para contrarrestarla. ¿Cree Vd. que Jueces y Magistrados estamos cómodos viendo como de un plumazo otro poder del Estado nos diezma las retribuciones, liquida nuestros permisos (obviando que en muchos casos están para compensar guardias de disponibilidad de hasta 8 días seguidos) y pretende ahora que encima tengamos que hacernos cargo forzosamente del Juzgado de al lado, con el compañero enfermo (probablemente por una patología laboral)?
Pues no, pero no podemos hacer nada para evitarlo. ¿O se le ocurre a Vd. algo (agradeceríamos sus ideas)? ¿Cree Vd. que el Ministerio de Justicia va a cesar en el acoso, ya iniciado por anteriores Gobiernos, contra el Poder Judicial, sólo porque los Jueces nos pongamos "muy dignos" y "en nuestro sitio"?
Ya para concluir, parece sugerir Vd. que nos deslegitimamos ante la opinión pública castigada por la crisis al tratar el tema de las retribuciones. Una retribución digna es una garantía de la independencia judicial y cuando la misma desciende por debajo de ciertos límites, aumenta el peligro de que el Juez, que es un profesional altamente cualificado, se haga permeable a otras motivaciones económicas LÍCITAS, que sin embargo de forma indirecta pueden terminar suponiendo una merma de su independencia, su imparcialidad y su dedicación. ¿Sabe Vd. qué significa que un Juez llegado a Madrid a un órgano de la máxima responsabilidad (con el sacrificio que eso ha costado) de repente vea reducidas sus retribuciones a una cuantía inferior a la que percibía cuando era Juez de pueblo? ¿Sabe Vd. que este año, con el último reajuste del sueldo, a la inmensa mayoría de los Jueces le habrá desaparecido de golpe 600 EUR de la nómina EN NETO? Pues mire, creo que tengo todo el derecho del mundo a quejarme por ello y si la opinión pública (o publicada) no lo entiende, lo siento por la opinión pública. Si con la crisis económica pierde valor la independencia judicial (como podría perderlo la salud, o la seguridad aérea…) vamos apañados…

Andrés de la Oliva Santos dijo...

Para Anónimo (supongo que judicial):

Excepcionalmente, dejo este comentario que, erróneamente, pensaba que estaría firmado al final. Pero lo dejo, no porque no pase nada por la discrepancia (que no pasa, desde luego), sino porque me parece expresivo y de interés para los lectores de este blog.

Respondo telegráficamente:

1) No entiendo que las tasas no importen "sea cual sea su cuantía". Su afirmación me parece contraria a la evidencia, en sentido estricto. Su comparación con una tasa ecológica de 0'5 cents. por noche revela que Vd. no tiene la menor idea de lo que dice el Proyecto. ¡Habla Vd., con un gran atrevimiento -perdone que se lo diga- de las tasas como "diezmilésima parte" de las minutas!

2) No necesito entrar en esos despachos a los que Vd. se refiere tan gráficamente. Los conozco perfectamente y ya me he referido a ellos. Pero hay ahora decenas de miles de abogados que no ejercen en ese tipo de despachos (sino individualmente o en despachos mucho más pequeños, como el que fundé hace 30 años) y centenares de miles de justiciables defendidos por abogados distintos.

3) Me parece que ignora Vd. los mecanismos por los que se encomienda a un abogado llevar un asunto cuando afirma que la tasa se repercute en la minuta y ya está. La tasa será asimilable, en cuanto a desembolso, a los derechos del Procurador.

4) Mire, Sr. Juez o Magistrado anónimo, llevo defendiendo públicamente a los jueces bastantes décadas y no le cedo ni a Vd. ni a nadie la defensa de la independencia judicial con todos sus presupuestos ni en la defensa de sus retribuciones y de sus dignas condiciones de trabajo.

Yo les he defendido sin ser Juez. Y ésa es la diferencia con lo que AHORA les ocurre a Vds. como colectivo: que no defienden Vds. la Justicia, sino solamente sus derechos e intereses. Esa falta de altruismo, de amplitud de miras, es lo que critico y ante su escrito me reafirmo en la crítica. Critico que sólo se preocupen -o lo parezca- de Vds. mismos y no de la Justicia en su conjunto y de los derechos de los demás, que Vds. están llamados a proteger como esencia de su identidad profesional (la que están perdiendo, por desgracia).

5) A nadie se le puede imponer proletarizarse, como Vd. dice, porque ésa es una actitud interna relativa la conciencia que uno tiene de lo que es. De manera que no me venga Vd. con monsergas de imposiciones. No se trata de que Vds. "se pongan muy dignos" y "en su sitio". De lo que se trata es de si les queda la dignidad inherente a su oficio, la que yo les he estado reconociendo durante toda mi vida profesional y porque la que les he defendido como no les defendían sus asociaciones y no digamos nada del CGPJ en sus últimas versiones.

6)Ser conscientes de una especial dignidad del propio oficio, saber que un Juez no es un empleado público cualquiera y estar abierto al estado del conjunto de la Justicia, procurando hablar con conocimiento de causa, es compatible con defender retribuciones, permisos, condiciones de trabajo dignas, etc. Lo digo con claridad en el post. Lo malo, lo que deslegitima, es no movilizarse más que por esto último. Eso es lo que critico. Si Vds. se comportasen como dignos jueces en su reacción ante lo que va mal, su oposición al "acoso" del Ministerio, etc. sería mucho más efectiva.

Andrés de la Oliva Santos dijo...

CONTINUACIÓN Y FINAL:

7)Ya tenía conocimiento de esas importantes pérdidas mensuales de ingresos netos que Vds. padecen. No me parecen bien. Aquí he hablado de recortes, en general y he defendido que no los hubiese en la Justicia. Esto sentado, ¿sabe Vd. lo que han perdido cientos de miles de empleados públicos (del orden de la mitad)con ingresos muy inferiores a los de Jueces y Magistrados (e incluyo, por supuesto, a empleados a los que se exige la misma titulación que a los jueces)? Pues mire: la inmensa mayoría no han llegado a perder 600euros netos, pero sí una cantidad tan influyente o mucho más que ésa en su vida diaria. Con todo, los empleados públicos tenemos empleo.

Respeto su punto de vista y comprendo perfectamente su malestar y el malestar de los jueces (primer problema de la Justicia española, hasta este Proyecto de Tasas) Ese malestar, de causas reales, era lo que debía haber afrontado el Ministro de Justicia, en vez de encargar nuevas leyes. Ocurre que, como se desprende de todo su comentario, los jueces no parecen sensibles a otros problemas que los suyos inmediatos y directos.

Finalmente, si a Vd. le dan risa las tasas venideras, que tenga Vd. buen otoño y mejor invierno. A algunos nos inclina al llanto la "proletarización forzada". No tendremos ni buen otoño ni pasable invierno y tal vez lloraremos por nuestra Justicia, pero Vds. habrán hecho muy poco por mejorarla (o por parar su deterioro) y se habrán buscado su desprestigio.

Finalmente, si Vd. ha sido lector habitual de este blog, me cuesta entender que me pida Vd. ideas para defender a los Jueces y Magistrados. Pero le daré una más: estúdiense Vds. el Proyecto de Ley y salgan a la palestra: que se vea que no sólo defiende lo más material e inmediato que les afecta directamente.

Anónimo dijo...

Aunque no le falta razón al criticar a los jueces por lo que dice, yo creo qe no es del todo justo al hacerlo. Como bien sabe, el colectivo de jueces (mi colectivo) ha hecho DOS huelgas reclamando más medios para la administracion de justicia... ¿qué colectivo de profesionales hace huelga reclamando para el bien común (aunque redunde en su beneficio)? Creo que eso nos legitima para al menos hacer una huelga (en su caso) reclamando mejoras nuestras (o no empeoramientos), directamente. Como cualquier colectivo que hace huelga. Sobre todo visto cómo "entendieron" los ciudadanos aquellas huelgas, que ni nos apoyaron ni nos secundaron. Y aún así, en el "debe" aún figuraría una huelga de más por motivos digamos elevados. En todo caso, está por ver si en una hipotética huelga futura no sólo se reclama lo nuestro y no también lo de los demás. Por último piense que cuando te cercenan hasta lo más básico, o así se percibe, pelearse por cuestoines generales puede no ser lo primero que a uno le viene en mente.
En todo caso gracias por sus palabras de ahora, y por su permanente defensa de los jueces.

Anónimo dijo...

Le agradezco que haya tenido la deferencia de publicar mi comentario, a pesar del anonimato. Permítame aclarar que la razón de este último es atribuible a una norma que doy por supuesto que Vd. conoce bien, que es la LOPJ, concretamente su art. 418.3, que reputa falta grave la conducta consistente en “dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición”.
Esta última norma precisamente me da pie a reiterar mi disconformidad con lo que dice Vd. en su entrada, tanto en la originaria como en la respuesta. Mire Vd.: no forma parte del cometido constitucional de los Jueces enfrentarse al Gobierno por el contenido de sus iniciativas legislativas materiales o procesales; ni al Legislativo por las normas legales que este último pueda aprobar. Vd. nos achaca no “alzarnos en armas” por el proyecto de Ley de tasas y yo le contesto que esa no es nuestra misión. Tiene la sociedad muchos y mejores actores para desempeñar ese cometido con mayor legitimidad y competencia (partidos, asociaciones, profesores de Universidad, etc.).
Su error sin embargo es doble, porque nos atribuye una conducta omisiva que sin embargo constitucionalmente es justo la debida (cumplir y hacer cumplir las leyes, sea cual sea su contenido, sin criticarlas); y viene a decir (y probablemente eso es lo que me haya molestado más de su entrada) que no lo hacemos porque estamos demasiado preocupados defendiendo nuestro estatuto orgánico, debido al parecer a nuestra "estrechez de miras"; cuando justamente esa defensa de nuestro estatuto orgánico sí podemos y debemos asumirla, no sólo por razones egoístas, sino pensando especialmente en nuestra independencia y en las generaciones venideras de Jueces, que habrán de sufrir una situación que creíamos ya superada.
Lo de enarbolar la defensa de los jueces no es una idea novedosa ni patrimonio de nadie (ni de Vd. ni mía), creo que en 1935 Calamandrei ya escribió un bello panegírico al respecto. Ahora bien, ¿por qué no ha habido ni una sola voz disconforme con el hecho de que, en las últimas medidas del Gobierno, se nos haya equiparado a cualquier funcionario de a pie? ¿Por qué ningún colegio profesional o colectivo académico del mundo del Derecho ha puesto el grito en el cielo con semejante equiparación, explicando a la opinión pública que, por ejemplo, nuestros permisos y licencias obedecen a una muy especial dedicación y responsabilidad? Se ha convertido en una diversión muy apreciada en esta sociedad en crisis la de criticar a los Jueces bajo cualquier pretexto y veo que Vd. no puede sustraerse a ella.
Por último, le doy razón en que es gran atrevimiento hablar sin conocer el contenido concreto del Proyecto de Ley, aunque ahora sí lo conozco y veo que, una vez más, ni intuición no me ha fallado lo más mínimo. Con conocimiento de causa, reitero que las cuantías de las tasas son irrisorias comparadas con el coste de los profesionales que intervienen y si permiten incrementar el gasto en la modernización de la justicia o aumentar el número de jueces por 10.000 habitantes (eso sí que es una perentoria necesidad, aunque dudo que suceda), bienvenidas sean.

Andrés de la Oliva Santos dijo...

Para Anónimo de 14 de octubre de 2012: pienso que, en efecto, el agobio a que se ha sometido a muchos jueces explica, como Vd. dice, una actitud ceñida o limitada a lo inmediato y una gran dificultad para ver lo que ahora llaman la "big picture". Mi reproche y cualquier otro se dirige sobre todo a las asociaciones judiciales, con dirigentes no agobiados y que disponen de mayor información. En el texto del post he dejado a salvo, expresamente, a "cierto número de jueces decentes y dignos, que injustamente sufrirán —sufen ya— el desprestigio general de la Judicatura."

Andrés de la Oliva Santos dijo...

A Anónimo de 15 de octubre de 2012: al alegar el art. 418.3 LOPJ, interpretado como Vd. lo hace, Vd. se impide e impide a los demás jueces protestar contra las disposiciones que han recortado retribuciones y contra las que pretenden recortar permisos, etc. Pero el art. 418.3 LOPJ nunca se ha interpretado de modo que un juez o magistrado no pueda escribir un artículo o pronunciar una conferencia con contenido crítico -e incluso sumamente crítico- respecto de leyes o proyectos de leyes. Menos aún obliga ese precepto a escribir un comentario anómimo en un blog como éste.

Curiosa interpretación de Vd. es la que excepciona del ámbito de aplicación del art. 418.3 LOPJ "nuestro estatuto orgánico". Pero, acerca del silencio social sobre ese estatuto, sepa Vd. que muchos -en ocasiones agrupados públicamente por muchas docenas- hemos defendido ese estatuto, acompañados del silencio de la inmensa mayoría de los jueces, independientes o asociados. Seguramente a Vd. le parecen más importantes los permisos -que yo defiendo, que conste- que los cambios operados por las leyes de 2003 y 2009. Su libertad de valoración es distinta de la mía y no pasa nada, excepto que se confirma que la mayoría de Vds. -y sobre todo, sus asociaciones- sólo están interesados en lo que les afecte personal, inmediata y directamente y muy poco o nada interesados en lo que afecta a los justiciables y a la Justicia verdaderamente independiente.

¡Allá Vd. si piensa que me he entregado a la diversión de atacar a los jueces (ver comentario mío anterior, texto de este "post" y de muchos otros en este blog, por no hablar de libros, artículos de prensa, declaraciones, etc., a lo largo de más de 40 años, en los que nunca se me ha ocurrido estar enarbolando ninguna bandera novedosa)! (además, ¿por qué me viene Vd. a reprochar que enarbole esa bandera si, según Vd., lo que sucede es que me divierte atacar a los jueces?)

Si después de leerse el Proyecto de Ley su intuición, "una vez más", "no (le) ha fallado lo más mínimo" y piensa que las cuantías de las tasas son "irrisorias", en sí mismas o comparadas con los honorarios de abogados y derechos de Procuradores, ¡qué le voy a hacer! Quizás no se ha fijado Vd. en la cuantía variable de las tasas y es seguro que sigue sin pensar en el coste adicional que, en todo caso, suponen al justiciable, que no siempre es asistido por abogado de elevados emolumentos, sino que muchas veces es asesorado por profesionales que ajustan mucho sus honorarios en razón de las posibilidades del cliente.

Si insiste Vd. en reirse, satisfactoriamente confirmado en su intuición, puede Vd. comparar las tasas con lo que cobran ciertos banqueros e incluso ciertos Magistrados.

Anónimo dijo...

No digo que le divierta a Vd. atacarnos, sino que me parece mal traído que recalque de ese modo el contraste que intenta destacar en su entrada entre la supuesta apatía de Jueces y Magistrados (por no haber salido, todos a una, deprisa y corriendo, a escribir artículos o a dictar conferencias contra el aumento de las tasas judiciales en un mero Proyecto de ley) y la fuerza con la que (con escasa fortuna) intentamos defender de nuestras justas reivindicaciones laborales, en las que al parecer, por nuestra noble alcurnia, "no deberíamos enfangarnos". Vamos, que respeto su opinión pero creo que es mezclar "churras con merinas".

En todo caso, conociendo como conozco la defensa que Vd. siempre ha hecho de la carrera judicial y de su independencia, que salga justamente ahora (cuatro días después de que el Consejo de Ministros haya dado luz verde al Proyecto de Ley orgánica de reforma de la LOPJ en materia de retribuciones, permisos y licencias), en un clima de alborozo general (y casi diría de linchamiento social y profesional), a reprocharnos una actitud egoista y autointeresada, por preocuparnos sólo de nuestras retribuciones y permisos y descuidar a la justicia y al justiciable, me hace venir a la cabeza aquello de "Tú también, Bruto...".

Andrés de la Oliva Santos dijo...

Mire, señor Anónimo: Vd. sí había escrito que yo no había podido sustraerme a la diversión de atacar a los jueces.

No voy a polemizar más con Vd. ni con ningún otro Anónimo, porque ya no publicaré comentarios anónimos, dado que no me convence su interpretación del art. 418.3 LOPJ. Sólo le diré que su comparación entre un Proyecto de Ley que aún no aparece en la web del Congreso y un Proyecto de Ley a punto de aprobarse arrojaría, en todo caso, un resultado inverso al que Vd. indica.

Si Vd. me ha visto a mí fomentar o participar en un "clima de alborozo" o casi de "linchamiento"...

jurista dijo...

Estimado profesor : no sé si publicará este comentario (no importa), ya que tampoco me identifico por las razones indicadas por mi compañero "anónimo", relativas a la posible infracción citada, que no hay que trivializar, pues ya hay jueces sancionados por opinar, y esto, sinceramente, no es plato de gusto.
Me parece injusta, por generalizada y excesiva, la crítica que nos hace sobre la pasividad que atribuye a mi colectivo y a otros hacia ciertos temas; si bien, luego ha matizado que, en lo que afecta a la Carrera Judicial, se refiere a las Asociaciones judiciales; pero como bien sabe, estas no representan a todos los integrantes de la Carrera Judicial (los mayoritarios son los no asociados, creo), ni lo que diga, en un momneto puntual, un portavoz de alguna de ellas, representa el sentir de todos y cada uno de los asociados, y, como sabe, los jueces, individualmente, carecemos de "voz" para estar expresando nuestras opiniones en los medios y, posiblemente, no debamos hacerlo (por lo dicho y por no parecer que perdemos nuestra independencia e imparcialidad, pues, al fin y al cabo, nuestra labor consiste en aplicar las leyes, nos gusten o no).
Dicho esto, y por lo que se refiere a su crítica sobre la pasividad sobre el tema de las tasas, esta no es del todo cierta, por ejemplo, al menos una asociacion judicial ha emitido comunicados e informes en contra, el CGPJ y también los Colegios Profesionales de Abogados. Pero dice Ud. que no hacen nada, pero ¿qué actuación sugiere que deberían hacer ... manifestarse públicamente, atarse con cadenas en la vía pública o algo similar? Y , como dice Ud. ¿las Universidades, sobre todo, las Facultades de Derecho? La cuna del saber jurídico. ¿Qué han hecho? No hay ningún dictamen jurídico? ¿Nadie ha hecho un estudio? Es una pena.
Particularmente, por si sirve de algo, ni como juez, ni como ciudadano soy partidario de pagar por solicitar justicia, es inconcebible y más en un Estado de Derecho, ni tampoco de haber restringido el acceso a la segunda instancia; para una actividad en que se podía tener una segunda oportunidad y reparar un error (humano, como es la difícil tarea de juzgar a otro ser humano) se la han cargado, parcialmente. Tampoco los jueces individualemnte podemos hacer nada, más que aplicar esas leyes restrictivas, aunque tampoco nos gusten.
No obstante, una buena noticia : el partido gobernante, según las últimas noticias, ha decidido revisar el proyecto de tasas para flexibilizarlo (?), ante las críticas recibidas y la oposición de todos o casi todos los grupos parlamentarios. Saludos.

Andrés de la Oliva Santos dijo...

A Jurista: desde mi post del día 10de octubre a hoy (cinco días después) el panorama ha cambiado a mejor en cuanto a reacción frente al Proyecto. Es verdad: y ha sido por el esfuerzo sostenido de unas cuantas personas, en la abogacía y en la Universidad.

Es verdad que me he referido y me sigo refiriendo sobre todo a las Asociaciones y no ignoro que no agrupan, sumadas, al 50% de la Carrera Judicial. Pero, inicialmente, tampoco en la "intranet" de Vds. se hablaba de las tasas. Como es lógico, no tengo acceso a ese ámbito, pero sí tengo información.

En cuanto a los Colegios Profesionales de Abogados, el día 10 de octubre de 2012 no habían hecho nada. Ahora, algunos Colegios empiezan a movilizarse, gracias a los esfuerzos de unas cuantas personas. La Universidad fue objeto de mi crítica y no precisamente de pasada.

En todo caso, es muy de agradecer que Vd. sí sea sensible al precio que el Proyecto quiere poner al acceso a la Justicia. Estoy sinceramente convencido de que muchos jueces son del mismo criterio de Vd. Me parece que no generalicé cuando expresamente -insisto- hablé de "cierto número de jueces decentes y dignos, que injustamente sufrirán —sufen ya— el desprestigio general de la Judicatura."

Ójala que, entre todos, el Proyecto se modifique muy sustancialmente.