CRISIS MUNDIAL Y CRISIS PARTICULAR DE ESPAÑA, QUE SE EMPEÑAN EN DESTRUIR

RUIZ GALLARDÓN, COMO UN ILUMINADO DESPÓTICO, DESTRUYE TODO LO QUE TOCA

Tenemos instalada en este planeta, desde hace tiempo, una crisis de civilización que está alcanzando su clímax. A diario, esa crisis, que no es únicamente económica, se manifiesta en episodios que desmienten una limitada capacidad de asombro por nuestra parte, la de las personas normales, el ordinary people. Como es natural, España está metida de lleno en esa crisis mundial. Pero, por si esa crisis fuese pequeño desafío, la clase social que forman nuestros dirigentes (la clase política propiamente dicha, los jerifaltes sindicales, los prebostes de la economía, etc.) viene causando y alimentando una crisis típicamente nuestra. En todas partes cuecen habas, como aquí he recordado con frecuencia, pero en España hay demasiados comportamientos relevantes que, en vez de hacer más llevadera o menos penosa la situación general, parecen dirigirse derechamente a que suframos más los españoles y a que España sea destruida.

No me refiero sólo a las conductas nacionalistas, mendaces y sectarias, negadoras de la historia, de la libertad y del pluralismo, que persiguen sus delirios con métodos propios de los más clásicos totalitarismos. Tampoco aludo únicamente al vandalismo decididamente pro-sistema de los “anti-sistemas” ni a la corrupción económica y política, no por conocida en general menos llamativa cuando se descubren algunas de sus concretas hazañas. Están también, como factores importantes de nuestra crisis particular, las acciones gubernamentales que, con improvisaciones inaceptables, a golpe de ocurrencias insensatas, promueven derechamente la destrucción de nuestros mejores activos culturales y sociales. Obcecados en no explicar antes de decidir, como empecinados en que no se entiendan las medidas que pretenden adoptar, muchos dirigentes no mejoran nuestro sistema educativo, sino que se diría que desean hundirlo definitivamente  y, desde luego, han emprendido todos los diversos caminos posibles para liquidar nuestra Justicia, desde hace siglos y hasta ahora accesible a los ciudadanos comunes, para convertirla sólo sea una Justicia para ricos. En esto se equivoca el Consejo General de la Abogacía Española: la ya aprobada Ley de Tasas Judiciales no instaura dos Justicias, sino sólo una: la de los económicamente pudientes.

Y, a diferencia de otros ámbitos en que se cometen muy serios errores, en éste, de la Justicia, tengo el convencimiento personal, sólidamente fundado, de que existen dos personas responsables sin disculpa posible. Está, en primer lugar, el Presidente del Gobierno, al que, pese a su inicialísimo perfil profesional jurídico (Registrador de la Propiedad), enseguida abandonado y, pese a su condición de hijo de un ilustre Magistrado, la Justicia no le importa. Porque no le importa la Justicia y como demostración de la certeza de esta afirmación, nombra Ministro de Justicia a Alberto Ruiz Gallardón, asimismo de inicial perfil profesional jurídico (Fiscal), que también abandona también de inmediato y, lo mismo que Rajoy, hijo de un jurista, notorio Abogado.

Hace meses, Alberto Ruiz Gallardón, que acaba de ser reelegido Alcalde de Madrid, quiere sobre todas las cosas ser Ministro del Gobierno de España, tras el triunfo electoral del Partido Popular. No quiere ser Ministro de Justicia y así lo declara ante testigos que conozco y me lo narran, añadiendo que si se trata de ese Ministerio, seguirá de Alcalde. Pero el Ministerio de Justicia es el único que Rajoy le ofrece y, a la postre, Ruiz Gallardón lo acepta. Se puede conjeturar sobre el por qué y, de hecho, varias conjeturas se formulan y circulan. Dicen que el enorme endeudamiento del Municipio de Madrid era una realidad de la que Ruiz Gallardón quería escapar. La explicación tiene base fáctica cierta, es lógica y, por tanto, verosímil. Pienso, personalmente, sin embargo, que el intríngulis del cambio está más en la idea fija del personaje -una idea muy del ancien régime franquista- según la cual ser Ministro es lo más, por decirlo en términos de la jerga postmoderna. Los datos permiten asegurar que Alcalde de Madrid es cargo de muy superior entidad -según los parámetros al uso: presupuesto, personal, “visibilidad- que ser titular de muchos Ministerios. En todo caso, no siendo además incompatibles las dos conjeturas, el hecho es que Ruiz Gallardón acepta el Ministerio y deja el Ayuntamiento. Deja lo que había logrado por elección popular y por un tiempo cierto y prefiere la precariedad -quizá prolongada, pero no por ello menos precaria- de una designación discrecional personalísima.

Pero Ruiz Gallardón no dejó el Ayuntamiento de Madrid de cualquier forma: lo dejó en manos de quien, en una de sus jugadas políticas previas, había colocado como “número dos”: Dña. Ana Botella Serrano. No tengo la menor manía hacia esta mujer, por estar casada con D. José María Aznar ni por ningún otro motivo. Pero siempre he pensado que carecía de hechuras personales y profesionales suficientes para ser teniente de alcalde de Madrid y más aún, como se venía anunciando, para ser alcaldesa. En la primera crisis seria, la de las trágicas muertes de la noche de Halloween en el recinto municipal “Madrid Arena”, se ha comprobado -y bien que lo lamento, no como otros, que parecen desear el hundimiento de algunos personajes aunque sea en relación con sucesos mortales- que, en efecto, carecía de talla. Amén de estar rodeada de concejales de una mala reputación merecida., como el concejal Calvo.

Yo soy firme y constante partidario de la responsabilidad personal, pero en la situación del municipio madrileño hay también una clara responsabilidad de Ruiz Gallardón, que, como en el “affaire Divar”, apareció al comienzo para apoyar al concejal Calvo y, a tal fin, no apeló a la presunción de inocencia, sino que se permitió ofrecernos un destilado de su necrosada ciencia jurídica: “La imputación, en nuestro Derecho, no es de ninguna de las formas un prejuicio de acusación.” Me abstendré ahora de comentar este interesado y disparatado error, para no desviarme demasiado, pero nos sitúa ya en la órbita procesal o judicial, en la que el Ministro acaba de culminar uno de los más graves atropellos contra España: convertir nuestra accesible Justicia en una Justicia a la estadounidense, únicamente para los económicamente poderosos. Un Ministro de Justicia, cualquier Ministro de Justicia, debería tener sensibilidad para los necesitados. Ninguna muestra de esa sensibilidad ofrece Ruiz Gallardón: él está con el poder y, si me apuran, lo encarna y personifica con desprecio olímpico a cualquier clase de necesitados.

No es cosa nueva. Desde hace ya varias décadas Gallardón no se encuentra a gusto sino entre los poderosos: poderosos empresariales, poderosos mediáticos, poderosos políticos, poderosos de todo tipo en términos monetarios, a la postre. Alberto Ruiz Gallardón quizá sea interiormente un sabio que se conoce a sí mismo y conoce sus limitaciones. En su conciencia y en su interior no entro. Pero por su comportamiento, nadie diría que reconozca ninguna limitación personal, sino que es a todas luces un hombre persuadido de hallarse entre una minoría de selectos, que él mismo encabeza.

Sin embargo, sus dichos y sus hechos como Ministro revelan pavorosas ignorancias, frivolidad máxima, desprecio a todo lo que se parezca a experimentar necesidad de conocimiento. Nadie tiene nada que enseñarle. De nadie tiene nada que aprender. A nadie considera oportuno prestar oídos. Y tampoco lee. El temario de las oposiciones por las que ingresó en la Carrera Fiscal, ya en sí mismo obsoleto, queda muy lejos y estaba bien para empezar, cosa que ni siquiera llegó a hacer el triunfante opositor. Funcionalmente, como Ministro, es un autista perfecto con modales de iluminado, de líder iniciático. Ya se advertía en el discurso inaugural de su era, que aquí comenté (http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2012/01/un-discurso-para-el-exito-politico.html): “la Justicia empieza conmigo, hasta ahora, nada se hizo, nadie acertó”. Nadie, lectores del blog: ni siquiera su buen padre. Y no exagero: me han proporcionado una pequeña información de sumo interés, me parece, que quiero compartir con Vds. Ahí va:

En la página 3 del

BOLETÍN OFICIAL  DE LAS CORTES GENERALES

III LEGISLATURA

Serie A:      PROYECTOS DE LEY.                                   9 de octubre de 1986 Núm. 2-2

ENMIENDAS

Supresión de las tasas judiciales.

se puede leer la enmienda siguiente:

«A la Mesa del Congreso de los Diputados

José María Ruiz Gallardón, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario de Coalición Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artfculos 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda al proyecto de Ley de Supresión de Tasas Judiciales.

Madrid, 24 de septiembre de 1986.- José María Ruiz Gallardón.

Enmienda número 8r de adición al artículo 3.

Se adiciona un articulo 3.0 al proyecto, que dice:

“Articulo 3:

No se devengará impuesto directo alguno como consecuencia de las actuaciones de los profesionales que intervengan en toda clase de procesos judiciales.”

JUSTIFICACION

Con el fin de hacer efectivo el abaratamiento de la Justicia, no sólo es preciso suprimir las tasas y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, sino también el Impuesto sobre el Valor Añadido, que grava las actuaciones de los profesionales que intervengan en toda clase de procesos.»

No me digan que no es una anécdota histórica verdaderamente curiosa que el hijo de este abogado y diputado enmendante -a quien tuve el honor y el gusto de conocer y tratar- sea ahora el Ministro de Justicia que ha culminado exactamente lo contrario que propugnó su padre hace 26 años. Entonces, la misma formación política no quería eliminar sólo unas tasas muy módicas (vendrían a ser unos 10 euros por proceso), sino también el IVA, que ahora han subido hasta el 21 %. No digo que el hijo, Alberto, haya querido y logrado matar al padre, a su padre, José María, conforme a las tesis freudianas en su más dura versión. Pero lo que resulta seguro es que en 1986, Alberto Ruiz Gallardón ya no era un bebé, que desconociese la actividad y las ideas de su buen padre. Cuando su padre presentaba esa enmienda, el hijo tenía 28 años y era Secretario General (interino) de Alianza Popular, partido madre de la Coalición Popular, de la que José María Ruiz Gallardón era destacado dirigente. Desde luego, un hijo no tiene por qué pensar lo mismo que su padre. Sobran ejemplos de todo lo contrario. Pero cuando los dos, padre e hijo, comparten la misma afiliación política y el hijo la mantiene hasta nuestros días, que el padre quisiese el abaratamiento y el hijo haya logrado un tremendo encarecimiento merecería alguna explicación.

No hay quien entienda el propósito de impedir a tantos acceder a la Justicia, propósito que, propulsado por Ruiz Gallardón, ha merecido el apoyo del Presidente del Gobierno y de todo el Partido Popular, donde hay bastantes personas que tampoco entienden, pero que, por la naturaleza de un partido político en España, consideran que su extrañeza y no digamos su disconformidad personales son irrelevantes, de modo que casi no les cabe siquiera dudar internamente.

Lo que han perpetrado Ruiz Gallardón, Rajoy y el PP no se entiende en sí mismo. Pero menos aún, si cabe, se entiende que su crimen tributario, cívico y constitucional haya sido cometido precisamente cuando el Gobierno y el Partido Popular proclamaban la necesidad de auxiliar a unos cuantos deudores, como si estuviesen dispuestos a parar los pies a la banca.

Me parece el colmo de la incoherencia y de la insensatez política, además de ser inicuo, que cuando la gente desconfía al máximo de la banca y el Gobierno del Partido Popular ha inventado un Decreto-Ley para suspender algunas ejecuciones hipotecarias (no desahucios, como una y otra vez se ha dicho, confundiendo al banquero prestamista con el arrendador o "casero") en beneficio de quienes no pagan, se apruebe una ley que sólo permitirá a los bancos demandar, junto a otros “poderosos”, pero impedirá que a aquéllos y a éstos les demande la gente corriente. Una ley que, por añadidura, dispone que lo que los económicamente pudientes tengan que desembolsar de tasas al demandar acabe recayendo sobre los demandados sin apenas liquidez, si éstos pierden el pleito.

La incoherencia no me extraña, en primer lugar porque ya hace tiempo que la coherencia dejó de ser un valor digno de respeto y, al contrario, se comenzó a sacrificarla a todas horas ante el interés de cada momento y disfrazándose todo de “pensamiento útil”. Y no me extraña, en segundo lugar, porque sobre la “base” de la vaciedad y la inopia intelectuales no cabe esperar la coherencia. Se puede hablar de “pensamiento útil”, de “pensamiento débil” o, si quieren, de “pensamiento reactivo”, pero, en román paladino, lo que vemos y padecemos son decisiones y acciones a golpes de la primera ocurrencia, desde un estado de indigencia mental y con una actitud de inconmensurable soberbia, que resiste a cualquier crítica. La misma incoherencia ha mostrado el Ministro, el Gobierno entero y el Partido Popular cuando, hondamente preocupados por que nadie pierda su techo, construyen hace pocos meses un desahucio (ese sí) super-express (v. http://www.andresdelaoliva.blogspot.com.es/2012/05/fruslerias-y-errores-juridicos-al-borde.html) para poner inquilinos en la calle expeditivamente y ahora, en cambio, afirman pretender lo contrario.

Pero he dicho que no se entiende la ley de tasas judiciales, ni en sí misma ni dadas las circunstancias.  Y debo matizar. Yo entiendo que no lo acabe de entender (ni yo ni nadie). Y es que se trata de un genuino misterio: el clásico mysterium iniquitatis, misterio de iniquidad, de la teología católica. Con frecuencia nos fijamos sólo en la iniquidad y nada o muy poco en el misterio. Sí, la maldad es un misterio. Pero existe y se ejerce. No le den más vueltas.

Como el Ministro blasona de exquisita cultura, ahí va un recadito. En 1793 se editó y en 1795 se publicó por vez primera un pequeño libro de un inglés excepcional y un extraordinario jurista, Jeremey Bentham. El libro o panfleto se titulaba “A protest against law taxes”. Está bien documentada su extraordinaria influencia en Inglaterra. Es claro que ni el Presidente del Gobierno de España ni el actual Ministro de Justicia ni ninguno de los asesores de uno y otro conocen la existencia y contenido de este demoledor ensayo, nunca traducido al español. Espero poder ofrecer a los lectores de este blog y a muchos más, en pocos días [van a ser más días de los que pensaba, porque la traducción encargada necesita una cuidadosa revisión, que me llevará su tiempo], el análisis y crítica de Bentham respecto de las tasas judiciales, que consideraba el menos legítimo y menos defendible de todos los impuestos.

 Mientras tanto, Alberto Ruiz Gallardón, impasible el ademán altanero e intacta su superlativa autoestima frente a la caterva plebeya de jueces, abogados, secretarios judiciales, que le dicen “no”, seguirá destruyendo todo lo que toca (Madrid, la Justicia, el Partido Popular) desde que, con su mayoría absoluta en 1995, se transmutó por completo y abandonó su realidad de inteligente y brillante ser humano de 37 años para auto-admitirse e instalarse en su particular Olimpo.

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PS. Espero que nadie piense que esta vez me he pasado. He releído estas líneas y no veo nada dicho a la ligera, sin conocimientos ciertos como base. Lo que está sucediendo -y ya lo he rechazado aquí bastantes veces- es que nos estamos acostumbrando a que el poder nos pase por encima irracional e inmisericordemente y aún pensamos que no nos queda ni una defensa verbal proporcionada, sino, en todo caso, unas objeciones suavonas, "con los debidos respetos", etc. Me puedo equivocar, pero no insulto. En cambio, los poderosos nunca se equivocan pero insultan nuestra sensibilidad y nuestra inteligencia todo lo que les viene en gana.

VERDADES Y FALSEDADES DE LA “JUSTICIA GRATUITA” A LA LUZ DE LAS NUEVAS TASAS PARA ACCEDER A LA JUSTICIA

 

“LA JUSTICIA SE ENCARECE PARA QUE SEA MÁS GRATUITA”
(EXPLICACIÓN OFICIAL)

 [ADVERTENCIA INNECESARIA: Ni que decir tiene que no hay nada gratuito. De manera que la “justicia gratuita” (antes, “beneficio de pobreza”) lo es para algunos nada económicamente pudientes (antes, los “legalmente pobres”), pero la pagamos entre todos: no es que la pague el Ministerio de Justicia, la Comunidad Autónoma o el Municipio: se paga con nuestros impuestos y, hasta ahora, fundamentalmente con los impuestos denominados directos.]

Cuando la fuerza del poder funciona en completa desnudez, produce la impresión de que las cosas van a ser así porque lo digo yo. Y esto suena un poco brusco en una época en la que la Superley afirma que la arbitrariedad esta prohibida y que los ciudadanos de a pie son iguales a cualquier Ministro, por faraónico que sea. De modo que un Ministro tiene que vestir su voluntad con una explicación. El Sr. Ruiz Gallardón, Ministro de Justicia de España, por ejemplo, ha tenido que avenirse a justificar su voluntad de encarecer la Justicia española hasta extremos inconcebibles y, de hecho, hasta ahora nunca concebidos (v. http://veronicadelcarpio.wordpress.com/2012/10/11/ejemplos-concretos-de-aplicacion-del-inconstitucional-proyecto-de-tasas-judiciales/)

Si se conocen los modales exhibidos por este señor Ministro, ahora y en su anterior cargo, con singularidades del más esperpéntico estilo autoritario, uno piensa que aceptar justificarse ha tenido que ser para él una muy desagradable concesión a la democracia formal. Pero es un hecho que nuestro faraónico ministro ha tenido a bien explicar por qué va a dejar sin Justicia a muchísimos españoles, a base de pedirles que paguen importantes cantidades en el acto de demandar o recurrir. Y la explicación ha sido, está siendo, así de escueta y contundente:

“LA JUSTICIA SE ENCARECE PARA QUE SEA MÁS GRATUITA”

La extremosa calidad paradójica de esta afirmación está a la altura de la dificultad de los jeroglíficos más intrincados de las pirámides, de manera que, a fin de cuentas, la aparente concesión explicativa resulta ser una cruel venganza del ministro faraónico. Los ciudadanos, además de apechugar con las tasas, han de tragarse y digerir el oxímoron ministerial. Los más ilustrados pueden comprobar que hoy la justicia es gratis sólo para quienes no superen, entre ellos y su familia, la medida denominada IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que se cifra ahora en 7.455,14 euros anuales, multiplicado por 2: una media de ingresos mensuales de 1242’52 euros. Para todos los demás, las tasas encarecerán tremendamente acudir a los tribunales. Se anuncia que el tope se va situar, con una reforma legal, en 2’5 IPREM, lo que nos colocaría en 1553’15 euros por mes. Pero, por el momento, sólo litigan gratis los miembros de una familia o los ciudadanos aislados que no superen, en total, los 1242'52 euros mensuales.

Por tanto, en medio de la crisis, hay millones de españoles que no se librarán de las nuevas tasas. No lo harán en cuanto, ellos solos o con otro u otros miembros de la “unidad familiar”, tengan unos ingresos promedio mensuales de 1250 euros, por ejemplo. Para las empresas, especialmente las grandes, como multinacionales o bancos, las tasas aumentan los costes si ellas demandan o si ellas recurren (no si son demandadas o recurridas), pero siempre se tratará de gastos deducibles o de costes repercutibles. Para el peatón democrático, la cosa es que ha de pagar entre 100 ó 300 euros fijos por demandar, más el 0’5 % de la cuantía del asunto. Este peatón paga lo mismo que la gran empresa, que el banco, que el miembro de familia multimillonaria o que el multimillonario soltero. Si Vd., peatoncillo democrático, tiene un asunto civil y recurre en apelación, apoquine antes 800 euros fijos y desembolse 1200 euros fijos si se puede recurrir en casación y se le ocurre hacerlo, siempre más el 0’5 según cuantía. Si el asunto es laboral o “social”, 500 euros fijos por suplicación y 750 fijos por casación.

Que el importe de las tasas se incluya en la condena en costas (de modo que, por ejemplo, si mi contrario pierde por completo el proceso y se le condena en costas, en esa condena se incluirán las tasas que yo pagué) no atenúa en absoluto el efecto obstativo o fuertemente disuasorio de las nuevas tasas, porque éstas ya las he tenido que pagar al principio del proceso… o no las he podido pagar, con lo que no ha habido proceso. Pero no se trata sólo de un efecto disuasorio o del todo impeditivo del acceso para los menos pudientes, efecto que las tasas no ejercen para los económicamente poderosos. Hay algo más: a quien no dispone de holgados recursos económicos, las nuevas tasas le colocan en una posición aún mas desventajosa y desigual cuando litiga porque alguien económicamente pudiente (empresa o particular) le ha demandado o ha recurrido. En tal caso, el económicamente débil no ha tenido que pagar inicialmente las tasas, pero, al final del proceso, puede ser condenado a pagar las costas y, entre ellas, el importe de las tasas que su oponente, que le demandó o recurrió, sí pagó, aunque sin grandes dificultades.

Pues bien, ante esta gran novedad de establecer precios altos para pedir Justicia, lo que el Ministro y el Coro de Diputados del Partido Popular afirman es que se trata de procurar la justicia gratuita. El “argumento” es, insisto, éste:

“LA JUSTICIA, CUANTO MÁS CARA, MÁS GRATUITA”

Hay incluso cortesanos faraónicos que no se limitan a afirmar que, al subir los precios de la Justicia, se favorece a los más necesitados, sino que acusan de carecer de “sentido social” y de solidaridad a quien se oponga a esa subida de esos precios. Así, Antonio Hernández Gil Jr., aún Decano del Colegio de Abogados de Madrid, pero silente total ante las nuevas tasas, ha acompañado en estos días al gran Ministro, para declarar, en su faraónica presencia, que la gratuidad de la Justicia es una conquista de la civilización para defender a los más humildes (v. http://www.abc.es/20121027/espana/abci-abogados-justicia-gratuita-201210261949.html).

Poco importa que, como hemos explicado, las tasas traten a “los más humildes” lo mismo que a “los menos humildes” e incluso puedan hacer pagar a los primeros, a fin de cuentas, lo que ya desembolsaron los segundos. El “establecimiento” o stablishment se sirve de una negación axiomática de la evidencia más un montón de alegaciones que no vienen a cuento: p. ej., lo mucho que cobran algunos abogados (aunque nunca a clientes que apenas lleguen a final de mes), el precio del kilo de angulas o el coste de los abonos tradicionales de ópera del Teatro Real, especialmente zonas A y B. El Ministro y sus coros y corte se niegan a tener en cuenta que existe libre elección de abogado y si alguien acepta uno muy caro, será porque quiera pues puede siempre no aceptarlo y contratar alguien más barato y que dé facilidades (no será que falten); se niegan a ver que, en vez de acudir al Real, puede uno sintonizar en la radio música clásica o escuchar una buena versión de la ópera en CD y que cabe, desde luego, no consumir nunca angulas. Poniéndonos en el caso extremo, quien no tiene para comer él y su familia puede acudir a Cáritas, que todavía da abasto. Pero el que no tiene para la Justicia, no tiene adónde ir (o sí, pero mejor sería para todos que no acudiese a las “alternativas”).

El despliegue “argumental” en favor de “la Justicia más cara para quien la pueda pagar” es de tal naturaleza que se diría que estamos cercados y vencidos. Negada la evidencia para justificar cobrar precios altos, se niega de nuevo para desacreditar cualquier queja del potencial pagador de los precios. Le dicen: “Vd. no quiere pagar las tasas, no porque no pueda, sino porque es un egoísta insolidario. Y no hay más que hablar”. Pero, aunque este argumento ministerial puede impresionar al telespectador común y aunque la gran innovación social -“no paguemos los litigios de otros: el que quiera litigar, que se lo pague”- se vende bien a quienes piensan (desacertadamente) que ellos nunca tendrán que acudir a los tribunales, hay algunas “pequeñeces” que no encajan, si uno no se deslumbra del todo y ejercita un poco el caletre.

¿Cómo puede el Ministerio de Justicia o el de Hacienda o los dos juntos, calcular los nuevos ingresos por las nuevas tasas si, como ya se ha dicho, cada asunto genera una tasa con dos componentes, uno fijo y otro variable en función de la cuantía, completamente desconocida y absolutamente imprevisible? La respuesta es: no pueden hacer ningún cálculo fiable y menos un cálculo, como el que se ha afirmado, en relación con el coste de la denominada “Asistencia Jurídica Gratuita”. Se trata de cálculos a ojímetro puro, a ojo de cubero, pero no necesariamente de “buen cubero”.

En todo caso, ¿podrían legalmente las tasas venideras dedicarse directamente a sufragar la justicia gratuita? No. Las tasas se deben dedicar legalmente a pagar (en parte, suponemos, al menos por ahora) el coste total del funcionamiento de la Justicia.

Es verdad que si el Tesoro público dispone de más dinero para costear la Justicia, eso incluye algo más de dinero para financiar la Asistencia Jurídica Gratuita. Pero, eso será porque esa asistencia gratuita no se proporciona ahora ni se quiere proporcionar en el futuro conforme a lo que establece la Constitución Española (CE) vigente.

Ocurre, en efecto, que el art. 119 CE dice lo siguiente:

“La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.” (la cursiva es mía, claro)

De este precepto constitucional se deriva, bien leído y un poco pensado, la siguiente conclusión:

CON LA CONSTITUCIÓN EN LA MANO, LAS AMENAZANTES NUEVAS TASAS JUDICIALES DEBERÍAN AMPLIAR LA NECESIDAD DE JUSTICIA GRATUITA

Siempre he pensado que está bien que la ley fije un tope para dar por sentado, sin mayores operaciones, que quien no sobrepasa ese tope de ingresos carece de recursos para litigar. Eso ya lo tenemos: la justicia es gratuita para quien, anualmente y teniendo en cuenta, en su caso, la “unidad familiar” en que se integra, tiene, por todos los conceptos, ingresos que no sobrepasan 2 IPREM (o, en el futuro, quizás 2 y ½ IPREM). Pero el art. 119 CE dice algo más que remitirse a la ley. Dice que la justicia será gratuita “en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar” (de nuevo cursiva y subrayado son míos).

Raya en lo evidente que la suficiencia o la insuficiencia de recursos para litigar es relativa porque depende de la clase de litigio. Se pueden tener suficientes recursos para un litigio pequeño (p. ej., reclamar 2100 euros en un juicio verbal civil), pero no, en cambio, para uno mediano o grande (reclamar una indemnización de 38.000 ó 350.000 euros, también en vía civil). El coste del litigio es un factor clave ineludible para la suficiencia o insuficiencia de recursos. Si la ley no permite obtener asistencia jurídica gratuita a quien, en el caso de que se trate, acredite insuficiencia de recursos para litigar en ese caso (puesto que nadie litiga en abstracto, sino siempre relación a un caso), la exigencia constitucional, bien clarita, se ha quedado en papel mojado. Por eso no bastan -nunca han bastado- los topes objetivos del salario mínimo interprofesional (SIM) o el IPREM ni la excepcional concesión prevista en el art. 5 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, que dice así:

“En atención a las circunstancias de familia del solicitante, número de hijos o familiares a su cargo, estado de salud, obligaciones económicas que sobre él pesen, costes derivados de la iniciación del proceso u otras de análoga naturaleza, objetivamente evaluadas, y, en todo caso, cuando el solicitante ostente la condición de ascendiente de una familia numerosa de categoría especial, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita ante la que se presente la solicitud podrá conceder excepcionalmente, mediante resolución motivada, el reconocimiento del derecho a las personas cuyos recursos e ingresos, aun superando los límites previstos en el artículo 3, no excedan del cuádruplo del salario mínimo interprofesional.”

“En las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior, se podrá reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita a las personas con discapacidad señaladas en el artículo 1.2 de la "Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad", así como a las personas que los tengan a su cargo cuando actúen en un proceso en su nombre e interés.”

“En tales casos, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente determinará expresamente qué beneficios de los contemplados en el artículo 6, y en qué proporción, son de aplicación al solicitante.”

Si se tomase en serio la Constitución Española, habría que proporcionar asistencia jurídica gratuita a bastantes más personas de las que hoy litigan gratuitamente, es decir, a costa del erario público (abusos y descontroles aparte, porque el descontrol es culpa de la Administración, que también es la que tolera los abusos).

En efecto: cuando se implanten las tasas -y la cosa no parece dudosa, porque el Ministro no escucha ni razona, dada su divina infalibilidad y, además, tiene prisa en aclarar enseguida que en diciembre no habrá nada de paga extraordinaria para la gente de la Justicia: enmienda 149 al Proyecto de Ley de Tasas Judiciales- la Constitución va a volver al primer plano de la actualidad. Así que quienes lean el art. 119 de la Norma Fundamental se deberían animar a acreditar que, dadas las nuevas tasas, carecen de recursos para litigar en el caso de que se trate, por lo que solicitan que se les reconozca el derecho a la asistencia jurídica gratuita. No necesitarán los abogados una especial pericia para pedirlo así y, en caso de negativa de la citada Comisión, impugnarla ante el tribunal competente. Tampoco les hará falta una especial sabiduría para solicitar que el tribunal ante el que se pretende demandar o recurrir plantee ante el Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad de la nueva Ley de Tasas por violación del derecho a obtener la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). E incluso cabe actuar de otras maneras que no desvelaré aquí, pues originarían un empeoramiento del Proyecto de Ley, que, al escribir este “post”, acaba de pasar al Senado, donde aún cabría que se introdujesen enmiendas en perjuicio de todos los que un día podemos necesitar acudir a los tribunales.

Si lo que dispone la Constitución valiese de algo, las amenazantes tasas, al encarecer notablemente la Justicia, exigirían más asistencia jurídica gratuita, que ya sabemos que no es gratuita, sino pagada por el Estado en sentido amplio. De modo que sí, de una extraña manera, sería cierto que las tasas aumentarían la gratuidad de la Justicia, pero ante el aumento del gasto de la gratuidad, nos freirían vivos con más tasas. Empero, los tribunales de Justicia todavía pueden hacer honor a su nombre y a su función cuando se apruebe y esté vigente la proyectada ley. Si honran su nombre y a su cometido pueden, conforme a Derecho, rectamente interpretado, frenar el desafuero y la iniquidad de estas tasas.

DEMASIADOS INCOMPETENTES, DEMASIADOS DESVERGONZADOS Y MÁS DE UN LOCO

LA URGENTE NECESIDAD DE UN NUEVO ACTIVISMO: EL DE QUIENES NUNCA PENSARON SER ACTIVISTAS

Que las cosas no van bien lo sabemos todos y con total certeza. Pero lo peor, que también sabemos, es que las probabilidades de que las cosas mejoren son mínimas y son máximas, en cambio, las perspectivas de que empeoren. En cuanto a lo macroeconómico, cabe consolarse un poco al comprobar que apenas hay un país o una zona económico-geográfica no afectados por la megacrisis y que las mejores cabezas no ocultan sus dudas sobre el rumbo que se debe seguir en esta crisis global. Últimamente, se abren paso dos intuiciones: una, la de que no funciona ninguno de los grandes modelos: ni el que prima la ortodoxia fiscal ni el que propone gasto para crecimiento; dos, que, además, lo que puede irle bien a un país no necesariamente servirá en otro, de modo que cada cual ha de buscar su propio camino.

Pero estos “consuelos” -extremadamente relativos, porque operan también como factores de angustia- no sirven frente al panorama de España en lo doméstico, por así decirlo, o, en otros términos, ante lo que aquí se hace y no se hace, que no depende de la situación económica global. Vemos lo que se hace y se dice en materia de estructura del Estado, de reforma administrativa, de seguridad interior, de sistema bancario, de empleo, de fuentes de energía, de educación, de justicia, etc.. Vemos los dichos y los hechos, los silencios y las omisiones sobre tantos asuntos, que han de afrontarse a diario por nuestros dirigentes políticos y sociales y convenimos, sin “consuelo” alguno, que las cosas no van bien, sino mal y que no tienen trazas de mejorar, sino de empeorar.

La causa de que las cosas vayan mal y de que no podamos pensar que irán mejor es, en pocas palabras, que no estamos en las mejores manos. Es una convicción general: estamos en “malas manos”. Nuestros dirigentes son de mala calidad. Y así no hay forma humana, como se suele decir, de que esto mejore. Así es casi seguro que todo empeorará.

¿Por qué escribir algo tan obvio pero tan deprimente, cuando evitar al máximo lo deprimente y no caer en la depresión es lo primero que en estos días nos recomendamos a nosotros mismos quienes no hemos tirado la toalla? En primer lugar, porque ya no es resistible el impulso de protestar cuando, a nuestro alrededor, a diario, se dicen tantas banalidades y tantas mentiras a propósito de asuntos serios; cuando escuchamos disparates pronunciados con ínfulas de dictamen experto, pero emitidos por quienes carecen de conocimientos y de experiencia; cuando vemos que ignorantes iluminados y mendaces acometen reformas insensatas, dañinas para todos; cuando tantos dirigentes que debieran callar y actuar prudentemente, hablan imprudentemente y actúan con atolondramiento; cuando vemos cómo se engaña a la sociedad y se dice perseguir lo que es justo y, sin embargo, sabemos con certeza que se busca favorecer injustamente a unos pocos en perjuicio de todos los demás (el proyecto de ley de tasas judiciales, patrocinado por el Sr. Ruiz Gallardón, es un paradigma de mentiras y engaños con fines injustos).

Pero, en segundo lugar, hay que decir que estamos en “malas manos” y que así no hay arreglo posible por una razón mucho más importante que la dificultad de quedarse callado ante la incompetencia, la desvergüenza e incluso la patológica hinchazón del ego de este o aquel poderoso, que se considera con mayor infalibilidad que la papal.  Y esa razón es la necesidad de no favorecer ni un día más, como si fuese un fenómeno normal que debe aceptarse, lo que, en realidad, es una gigantesca anomalía intolerable. La verborrea frívola, indocumentada o mentirosa se ha convertido en algo habitual, que nos envuelve como la atmósfera de nuestra obligada respiración.  Y es preciso dejar claro que lo habitual no es aceptable, sino del todo rechazable y que el aire no está pasablemente limpio, sino sucio hasta una grave toxicidad. Aunque sea incómodo, hay que circular con las mascarillas puestas, para que no piensen que nos engañan.

Ni estamos engañados ni, por trabajoso que resulte -que lo es y mucho-, debemos tolerar tanta incompetencia y tanta mentira, reflejadas en la frivolidad y en el descaro de lo que se dice y en la inoperancia y la maldad de los comportamientos, porque lo que se hace y lo que no se hace están en consonancia con la charlatanería y la mendaz impostura de tanta tergiversación y tanto sofisma como circula. Los ciudadanos no debemos seguir aguantando, sin reacciones suficientes, a unos dirigentes políticos y económicos de muy baja calidad, que se autoconceden una amplia bula para hablar sin conocimiento de causa, con hiriente superficialidad y, muchas veces, demasiadas, con negación de lo evidente y de los datos documentados. Y no debemos soportar inactivos la ineficacia y el expolio que esta gente planea y ejecuta. El dirigente que oficie como si fuese un pícaro vendedor ambulante de baratijas tiene que ser desenmascarado, lo mismo que el que actúa, en sus propuestas o en defensa de sus proyectos, sustancialmente igual que el más clásico estafador.

Hay que elevar drásticamente, a base de comportamientos individuales y de adhesión a iniciativas colectivas, el nivel de intolerancia social a la tontería y a la mentira. Resulta necesario que los ciudadanos normales se hagan mucho más activistas, con superación del cliché tradicional del activista: persona sin oficio conocido, sin conocimientos serios de nada, profesional de la protesta, que defiende generalidades o revoluciones. Ya no tiene por qué ser así y no es así. Más aún, son necesarios activistas con un perfil completamente distinto. Ahora, con medios como éste de internet, el simplismo del panfleto y del pasquín puede fácilmente abandonarse y, de hecho, ha sido abandonado por muchos. Sólo falta superar cierta comodidad y un reflejo demasiado conservador a inscribir el propio nombre debajo de un texto, aunque se comparta por completo sustancialmente e incluso íntegramente su contenido. Hay demasiada gente decente, profundamente descontenta con los dichos y hechos de los que mandan,  que todavía se comporta como si las idioteces que se dicen y las tropelías que se cometen no requiriesen su personal implicación, de rectificación o protesta, en la acción colectiva más simple. Hay demasiada gente competente que, por ejemplo, no envía una “carta al Director”  tras haberse tragado el sapo de las falsedades y sofismas de un artículo sobre un asunto del que sabe mucho más que el firmante. Se equivocan si piensan que no sirven para nada. Sirven, incluso si no se publican.

Las “malas manos” en las que estamos son las de quienes han copado las instituciones políticas y sociales y desde ellas hablan y actúan, si bien se mira, con el mismo desenfado de muchos activistas de antes, sólo que instalados en el confort y con medios que, muchas veces pagamos todos. No es nada coherente quejarse de estar en "malas manos" y no decidirse individualmente a hacer lo que esté en las nuestras -y todo lo razonable que otros nos propongan- para ir liquidando la atmósfera irrespirable creada y mantenida por esas “malas manos”. Que las tonterías y mentiras no queden sin respuesta, que las estafas se desenmascaren, que los engaños salgan a la luz. Los ciudadanos comunes, hartos de tanta basura intelectual y moral, podemos, si queremos, inundar la sociedad con productos sanos. Los medios de comunicación tradicionales no los admiten fácilmente, pero los reciben si se les envían y, además, hay muchos otros medios.

Otro día habrá que preguntarse cómo y por qué los resortes del poder político y de otros poderes han ido cayendo sistemáticamente en malas manos. Me ha parecido que hoy era suficiente el intento de hacer entender que hay cosas que parecen inevitables y no está nada claro que lo sean si nosotros no nos conformamos.

UN EXCELENTE JURISTA APORTA NUEVOS ARGUMENTOS CONTRA EL PROYECTO DE LEY DE TASAS JUDICIALES

 

OTRA PESADILLA PARA LA JUSTICIA

 

por Manuel Cachón Cadenas

Catedrático de Derecho Procesal

Universidad Autónoma de Barcelona

 

[Nota de Andrés de la Oliva Santos: Con mucho gusto tengo el honor de publicar en este blog un magnífico artículo original del Prof. Cachón Cadenas, que añade nuevos y muy importantes argumentos a los que ya se han aducido en contra del amenazante sistema de precios en nuestra Justicia, que padecería un cambio in peius de incalculables consecuencias negativas para todos. Por la altísima calidad del análisis de Cachón Cadenas, su texto aparece excepcionamente como entrada principal y no como página de POR DERECHO. Agradezco vivamente a mi admirado y querido colega su colaboración y aclaro que las palabras y los párrafos en negrita o subrayado son cosa mía, conforme al estilo de este blog.]

El procesalista italiano Piero Calamandrei (1889-1956), uno de los juristas europeos más eminentes del siglo pasado, publicó en 1931, en pleno apogeo del régimen político fascista,  un célebre artículo al que puso el título de “Il processo civile sotto l´incubo fiscale”, lo que podría traducirse, más o menos, como “El proceso civil bajo la pesadilla fiscal”. En ese escrito Calamandrei denunciaba el hecho de que la justicia civil sufriera la voracidad recaudatoria del Estado.

 

También en España se había exigido tradicionalmente el pago de tasas judiciales. Esta situación se mantuvo hasta la Ley 25/1986, de 24 de diciembre, que, acogiendo las propuestas reiteradamente formuladas por la doctrina procesal, suprimió las tasas. Pero el año 2002 el legislador español volvió a hacer realidad la permanente tentación de convertir la administración de justicia en una fuente de ingresos fiscales, y promulgó la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, mediante la que reintrodujo las tasas judiciales.

 

Una década después de que se promulgara esa Ley, el legislador español encontró un imitador aplicado en el Gobierno de la Generalidad de Cataluña, el cual remitió al Parlamento de Cataluña un Proyecto de Ley encaminado a implantar un sistema de tasas judiciales en territorio catalán. El Proyecto en cuestión fue aprobado, dando lugar a la Ley 5/2012, de 20 de marzo, del Parlamento de Cataluña, que añadió un Título III bis) al texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña. De esta forma, la citada Ley catalana 5/2012 ha implantado un sistema de tasas judiciales que resulta aplicable, con algunas excepciones, a los procesos civiles y contencioso-administrativos que se promuevan ante órganos judiciales situados en territorio catalán.

 

Pero el sistema de tasas judiciales establecido por la Ley catalana 5/2012 incluye una circunstancia muy agravante respecto del sistema de tasas judiciales regulado por la Ley española 53/2002: mientras que esta Ley exime del pago de las tasas judiciales a las personas físicas y a las entidades total o parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades, la Ley catalana impone el pago de las tasas judiciales tanto a las personas jurídicas como a las personas físicas, con algunas excepciones.

 

Pues bien, una nueva pesadilla  de la misma clase que la criticada en su día por Calamandrei se cierne ahora sobre la justicia española. En efecto, el Gobierno español ha remitido recientemente al Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley dirigido a la implantación de un nuevo sistema de tasas judiciales, que es mucho más oneroso que el previsto actualmente en la Ley 53/2002. El Gobierno pretende gravar la interposición de demandas judiciales referidas a procesos civiles y contencioso-administrativos, así como la interposición de recursos contra resoluciones judiciales dictadas en esos mismos procesos y en los procedimientos laborales, con algunas exenciones.

 

De esta manera, el Gobierno español pretende seguir, aunque agravándolo, el mismo modelo de tasas judiciales que ha implantado el Parlamento de Cataluña. Como he indicado, la Ley española 53/2002, ahora vigente, exime del pago de las tasas judiciales a todas las personas físicas. Por el contrario, el Proyecto de Ley remitido por el Gobierno a las Cortes, al igual que la Ley aprobada por el Parlamento de Cataluña, limita la exención a las personas físicas que tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. A su vez, el Proyecto de Ley redactado por el Gobierno español extiende el pago de las tasas judiciales a la interposición de recursos en procesos laborales, que hasta ahora estaban exentos de ese tributo.

 

En consecuencia, si el Proyecto aprobado por el Gobierno español se convierte en Ley, quienes interpongan demandas o recursos ante Tribunales ubicados en Cataluña, deberán soportar, por regla general, el pago de dos tasas: la española y la catalana.

 

Huelga decir que, si otros Gobiernos autonómicos se animan a copiar el ejemplo catalán, esa doble exacción se extenderá también a las demandas y los recursos que se formulen ante Tribunales de sus respectivas Comunidades Autónomas. Es muy probable que el sistema de tasas judiciales implantado por la Ley 5/2012 del Parlamento de Cataluña vulnere la prohibición de doble imposición. Y otro tanto cabría decir respecto de los sistemas de tasas judiciales que, eventualmente, pudieran establecer otros Parlamentos autonómicos.

 

Pero no entraré en ese tema de índole fiscal. Mi propósito es más modesto. Únicamente voy a apuntar algunos de los inconvenientes que llevaría consigo la introducción de estas nuevas tasas judiciales previstas en el Proyecto de Ley remitido a las Cortes, y que hacen aconsejable, a mi juicio, que el Gobierno español desista de proseguir con la tramitación de este Proyecto, o, cuando menos, lo atenúe drásticamente.

 

Quizás se piense que es la terrible crisis económica actual, y la consiguiente necesidad de buscar nuevas fuentes de ingresos fiscales, lo que ha inducido al Gobierno a gravar con nuevas tasas a los ciudadanos que pidan la protección de sus derechos ante los Tribunales. No obstante, si el lector toma en consideración el breve apunte histórico incluido al comienzo de este escrito, comprobará que no hay una correlación necesaria entre la situación económica de un país y la existencia de tasas judiciales. El legislador español suprimió las tasas judiciales en 1986, es decir, en un tiempo en el que la economía española no era precisamente boyante. Y volvió a reintroducir las tasas el año 2002, o sea, en una época en que la economía española atravesaba una etapa magnífica.

 

De mucho tiempo a esta parte, las autoridades políticas con responsabilidades en el ámbito de la justicia acostumbran a repetir en sus manifestaciones públicas que los ciudadanos abusan del derecho a acudir a los Tribunales, del derecho a promover procesos judiciales. Es ésta una idea errónea, que no se convierte en verdadera por el hecho de que se venga reiterando hasta la saciedad. En realidad, los ciudadanos, en su inmensa mayoría, no padecen un delirio querulante, no tienen una propensión patológica a interponer pleitos. Cuando acuden a los Tribunales, no lo hacen normalmente por gusto o capricho. En general, los ciudadanos que se deciden a poner un pleito están convencidos de que tienen derecho a obtener lo que piden o, como mínimo, creen que es probable que tengan derecho a lo que solicitan. Y los datos empíricos corroboran este planteamiento, al tiempo que refutan de plano aquella falsa idea que predomina entre nuestros políticos y sus corifeos. Los tribunales estiman más del ochenta por ciento de las demandas interpuestas por los ciudadanos. Más aún: resulta muy excepcional que los Tribunales entiendan que los ciudadanos han actuado con temeridad, es decir, a sabiendas de que no tenían razón al iniciar el proceso, o al oponerse a la demanda formulada contra ellos. Por otro lado, en contra de lo afirmado recientemente por algunos dirigentes políticos, la tasa de litigiosidad española se mueve en niveles similares a las que ofrecen los países de nuestro entorno.

 

Es natural que esto sea así. Cuando un ciudadano opta por acudir a los Tribunales, sabe que esta decisión le provocará pérdidas de tiempo, le causará molestias, y le originará gastos en forma de provisiones destinadas a su abogado, su procurador, los peritos, etc. Los únicos ciudadanos que están liberados de estos gastos son los que tienen reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, que son, precisamente,  los que estarán exentos del pago de las tasas judiciales según el Proyecto de Ley elaborado por el Gobierno, por lo que, respecto de ellos, las tasas resultan irrelevantes. Claro está que también hay algunos ciudadanos afectados por una manía pleitista. Pero, como muestran los datos empíricos, se trata de casos excepcionales. Y, por lo demás, las tasas judiciales son del todo inútiles para frenar el ímpetu pleitista de los ciudadanos que padezcan la compulsión querulante mencionada. El único remedio sensato frente a esos posibles, y excepcionales, abusos debe venir por la vía del pago riguroso, y si se quiere agravado, de las costas judiciales, de todos los gastos que se hayan originado a causa de actuaciones procesales temerarias.

 

En resumidas cuentas, las tasas judiciales resultan ineficaces para evitar la incoación de los relativamente pocos procedimientos abusivos que se entablan ante los Tribunales. Y, por el contrario, pueden impedir o dificultar que reclamen la tutela judicial de sus derechos los ciudadanos que hacen un uso normal y legítimo de la administración de justicia.

 

La imposición de tasas judiciales ataca uno de los pilares de nuestro sistema jurídico, a saber: que los ciudadanos que sufran una lesión de sus derechos puedan pedir la protección de los Tribunales, a fin de obtener la reparación de perjuicio padecido. Es el derecho a la tutela judicial efectiva, que la Constitución vigente ha elevado al rango de derecho fundamental.

 

Hay otro aspecto de las tasas judiciales que cuesta mucho hacer entender a nuestros gobernantes. La administración de justicia es un servicio público que presenta unas características muy singulares. Cuando un ciudadano pretende beneficiarse de otro servicio público, se instaura una relación bilateral entre ese ciudadano y la Administración pública a la que corresponde prestar el servicio solicitado. Por el contrario, la administración de justicia implica una relación trimembre, porque involucra al Tribunal, al demandante y al demandado. Es algo obvio. Pero lo importante es destacar las consecuencias lógicas de esa premisa. Si el legislador, mediante la imposición de tasas judiciales o de otra forma, pone dificultades para que un ciudadano que ha sufrido una lesión de sus derechos pueda acudir a los Tribunales a pedir protección, esto significa que ese legislador está favoreciendo a quien ha lesionado aquellos derechos. Por ello, la existencia de tasas judiciales fomenta la morosidad y, en general, el incumplimiento de las obligaciones. En la medida en que un sistema  de tasas judiciales dificulte la obtención de tutela judicial, en esa misma medida está  beneficiando a los que incumplen  sus obligaciones.

 

Las dificultades que el sistema de tasas judiciales crea a las personas que necesitan acudir a los Tribunales para pedir la protección de sus derechos resultan especialmente graves cuando se impone una tasa a quien interpone una demanda dirigida a pedir la ejecución de un título ejecutivo extrajudicial, como prevé también el Proyecto de Ley presentado por el Gobierno. En estos casos, hay un documento que, aun siendo extrajudicial, reúne especiales garantías de fiabilidad, por lo que el ordenamiento jurídico otorga a ese documento fuerza ejecutiva, es decir, una eficacia jurídica similar a la atribuida a una sentencia firme, a una sentencia contra la que ya no cabe ningún recurso. Pues bien, en estos casos de interposición de una demanda ejecutiva basada en un título ejecutivo extrajudicial, es la persona titular de los derechos reconocidos en ese título la que considera que ha sufrido un ataque a esos derechos, y por ello recaba la protección de los Tribunales, pidiendo que se ejecute el título al que la ley adjudica, precisamente, esa fuerza ejecutiva. Si el Proyecto de Ley fuera aprobado, quien tenga la necesidad de interponer una demanda de ejecución como la mencionada también deberá pagar una tasa. Es una medida muy criticable.

 

A su vez, el sistema de tasas judiciales que establece el Proyecto de ley es de carácter regresivo, porque prevé el pago de una cantidad fija con independencia de la importancia económica del proceso, por más que, según el Proyecto, esa cantidad deba incrementarse, a su vez,  con otra suma variable, fijada de acuerdo con la cuantía económica del procedimiento.

 

Otra probable consecuencia no deseada del sistema de tasas judiciales que se propone implantar el Gobierno será el incremento de las peticiones encaminadas a obtener el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Dado que el Proyecto de Ley prevé la exención subjetiva de la tasa judicial respecto de las personas físicas y jurídicas que tengan reconocido aquel derecho, es evidente que se creará un nuevo incentivo para acudir al sistema de justicia gratuita. Si ya ahora se hace uso frecuente del derecho a la asistencia jurídica gratuita, que lleva consigo para quien lo obtiene la posibilidad de litigar sin apenas correr el riesgo de pagar costas procesales si no se le da la razón, la aprobación de este Proyecto de Ley agravaría esta situación.

 

Por lo demás, el legislador español haría bien en reflexionar sobre otros efectos económicos no deseados que puede provocar el sistema de tasas judiciales. En efecto, cabe que, en muchos de los numerosos procesos transfronterizos en que el sistema jurídico ofrece a los demandantes la posibilidad de  optar entre litigar en España o en otro país, decidan, a igualdad de las demás circunstancias, irse a litigar fuera de España. Por las mismas razones, la aprobación del sistema de tasas judiciales que pretende implantar el Gobierno incentivará la inclusión de cláusulas de sumisión expresa a favor de Tribunales de otros países en los contratos con elementos internacionales. Serían perjuicios colaterales para la economía española, esto es, para los servicios jurídicos prestados por profesionales españoles, que indirectamente redundarían en perjuicio para nuestras finanzas, en forma de una reducción de otros ingresos tributarios.

 

En suma, es aconsejable, por muchas razones, que el Gobierno desista  de implantar el sistema de tasas judiciales previsto en el Proyecto de Ley que ha remitido a las Cortes. No obstante, si la necesidad de buscar nuevas fuentes de ingresos fiscales fuerza al Gobierno a establecer un sistema de tasas judiciales, sería necesario al menos, como mal menor, introducir diversas modificaciones en el Proyecto actual. Menciono, sin afán de exhaustividad, algunas de los cambios que, a mi  juicio, habrían de ser incorporados: a) exclusión de la tasa en relación con todos los procesos cuya cuantía litigiosa no exceda de 6.000 euros; b) asimismo, exclusión de la tasa judicial respecto de las demandas de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales, y en cuanto a la oposición a la ejecución; c) reducción drástica de las cuantías de las tasas que prevé el Proyecto de Ley; d) coordinación de la tasa judicial española con las implantadas en Comunidades Autónomas, para evitar la doble exacción.

SE ACERCAN UNAS SUPER-TASAS JUDICIALES Y UNA JUSTICIA SÓLO PARA RICOS

TODOS A LO SUYO Y NADIE (O CASI) EN LO DE TODOS

Habrán visto en este blog “Por Derecho” un enlace que se refiere al amenazante “Proyecto de Ley  por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses”. En el blog “Hay Derecho” (con enlace aquí) se publicó el lunes 8 de octubre de 2012, un artículo que informa suficientemente, me parece, de la tremenda amenaza. Y si quieren ver el Proyecto con detalle, vayan a la web del Congreso de los Diputados:

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/IniTipo?_piref73_1335527_73_1335526_1335526.next_page=/wc/detalleDocumento&idIniciativa=121&numExpediente=18&numDocumento=0&paginaActualB=null

No voy a insistir ahora en ejemplos de lo que pretende ese Proyecto, que sigue la línea de la implantación, por el anterior Gobierno, de unas tasas relativas a los recursos. Los efectos nefastos de lo que ahora avanza sin parar en el Congreso de los Diputados son infinitamente superiores a los de las tasas ya implantadas. Tampoco me detendré en el hecho de que —con dudosa constitucionalidad— Cataluña ya aprobó una ley de tasas en la línea del temible Proyecto, aunque con cuantías mucho más razonables. Esta dualidad de normas (y en la Comunidad Valenciana se prepara otra) no es precisamente clarificadora sobre el acceso a la Justicia. Pero el Proyecto de Ley citado supondría, en todo caso, impedir el acceso a los Tribunales a millones de españoles, sobre todo a personas físicas y a pequeñas y medianas empresas, que no andan precisamente holgadas en liquidez y, con frecuencia, sí están ahogadas por el impago de las Administraciones y empresas públicas (con cruel sarcasmo, estos acreedores no podrían demandar a esos deudores gracias a la Ley proyectada).

De lo que ahora quiero hablar es de lo que hacen, al respecto, el Consejo General de la Abogacía y los Colegios de Abogados, el Consejo General del Poder Judicial, las asociaciones judiciales, las Facultades de Derecho y sus profesores, etc. Es muy corto lo que tengo que decir: no hacen nada, al menos nada de mínima entidad, nada informativamente digno de atención, pese a que el Proyecto, de convertirse en Ley, cambiará de modo radical la realidad jurídica española.

Los jueces (simplifico y me refiero también con este nombre a los que han alcanzado la categoría de “magistrados”) no hacen nada porque quizá piensan que su carga de trabajo disminuirá drásticamente en cuanto se empiece a cobrar sin moderación el inicio de cualquier litigio (menos las denuncias y querellas). Tal vez eso explique su silencio y su inacción. Pero esa explicación implica que los jueces ya han decidido no ser sino unos funcionarios más, un tipo de empleado público como otro cualquiera: eso se viene predicando desde dentro (alguna asociación lo ha dicho recientemente sin ningún pudor) para movilizar reivindicativamente a los miembros de la Carrera Judicial como se movilizaría cualquier trabajador ante los “recortes”.

 

Hay en eso un tremendo error de base, consistente en no reconocerse como unos servidores públicos muy especiales, con una potestad singularísima atribuída para protegernos a todos. Que los jueces se consideren ante todo jueces no les debería impedir moverse en defensa de sus derechos. En cambio, que para incrementar su actitud o talante reivindicativo acepten dejar a un lado su específica condición judicial, aparte de no serles de ninguna utilidad para sus derechos, es fatal para los derechos y deberes de todos nosotros. Los partidarios de esa proletarización judicial se están haciendo responsables de una degradación ética y cívica del oficio de juzgar que será devastadora para la tutela jurídica de todos. La proletarización de la Judicatura que ya hemos denunciado hace tiempo nos deja a todos a merced del puro poder de cualquier tipo (piensen un poco en la extrema dificultad añadida por las tasas para acceder la jurisdicción contencioso-administrativa, que más directamente controla la legalidad del Ejecutivo y de las Administraciones públicas). Y no es consolador que nuestra tristeza la padezcan también cierto número de jueces decentes y dignos, que injustamente sufrirán —sufen ya— el desprestigio general de la Judicatura.

Ni CGPJ ni asociaciones judiciales dicen nada de las tasas futuras. Lo que ahora recoge la prensa es una pelea entre jueces y fiscales de la Audiencia Nacional por unas plazas de aparcamiento. Y hace días, lo que veía publicado el español medio era una pelea entre jueces y Ministerio de Justicia por tipos y días de permisos, pelea que, al parecer, no iba a llegar a mayores por la generosa cesión del Ministerio. ¿Cómo podrán los jueces quejarse del desprestigio social —que, sí, es indeseable e incluso injusto— cuando permiten esa “imagen” de casta alejada de la gente, de la realidad? ¿Cómo piensan que, metidos en su mundo pequeñito, pero con empleo fijo y bastante bien pagado (señores jueces y magistrados: piénsenlo bien antes de quejarse públicamente: Vds. cobran más que la mayoría de los servidores públicos titulados universitarios y no hablemos de los magistrados del Tribunal Supremo, que cobran bastante más que los Ministros del Gobierno de España) podrán recibir la comprensión de unos ciudadanos que las están pasando canutas? (Por si los dos párrafos anteriores no estuviesen del todo claros, lean el comentario de Anónimo judicial y mi respuesta en dos partes).

Más sorprendente, con todo, es el silencio de los abogados. Y lo dice quien ha sido y se ha sentido y aun se siente abogado, desde hace más de treinta años, aunque ahora no ejerza. Incluso si los Colegios de Abogados hubiesen perdido (que lo han perdido) todo aliento de mínimo altruismo y de conciencia de su legítima función social, ¿cómo no reaccionan ante un Proyecto que previsiblemente perjudicará tremendamente a miles de abogados, al reducir su clientela?

Se puede pensar —hay quien lo piensa— que el dominio de los grandes despachos o “firmas” de abogados es total sobre los Colegios. No estoy en absoluto seguro de eso y no me parece que la pasividad corporativa de la Abogacía ante el Proyecto de Ley citado se explique así. Pienso que más bien se trata de la conjunción de dos elementos: por un lado, esas corporaciones carecen de reflejos y de músculos para lo que no sea su propia rutina de funcionamiento y financiación y, por otro, están creyendo, tontamente, que —como el Proyecto se atreve a decir, pese a ser falso e ilegal: contrario a la Ley Ley 8/1989 de Tasas y Precios Públicos— lo que se saque de las venideras tasas servirá para pagar los turnos de oficio, un problema envenenado que no tiene nada que ver con la falsedad propagandística de que “en España, como la Justicia es barata, litigamos por capricho a troche y moche y eso no puede ser: el que quiera litigar, que pague”.

Este tópico pseudo-liberal, que equipara acceder a los Tribunales con beber whisky de malta o embarcarse en un super-crucero, es una gran mentira. En España, la Justicia no es barata y mucho menos gratuita, ni siquiera para quienes, como manda la Constitución, acrediten insuficiencia de recursos para litigar (art. 119 CE). En España, todo el mundo conoce que “más vale un mal acuerdo que un buen pleito” y todo el mundo sabe la verdad que encierra la maldición gitana “pleitos tengas y los ganes”. De manera que no estamos poblados por cientos de miles de litigantes maliciosos, que dan rienda suelta a su morbosa afición, como si fuesen ludópatas, a costa de todos. Y hay, por lo demás, bastantes medios contra los litigantes temerarios, distintos de cerrar las puertas a todos poniendo un alto precio a la Justicia… pero, eso sí, con exención de pago para las Administraciones públicas y asimilados (que sí litigan “gratis total” con el dinero de todos), para el Ministerio Fiscal, etc.

¿Salen a la palestra pública Decanos de Colegios o dirigentes del Consejo General de la Abogacía para ilustrar a los ciudadanos de la transformación degenerativa que se avecina, apoyada en la mendacidaz falaz que acabo de denunciar e incluso en la tergiversación absoluta de una sentencia del Tribunal Constitucional? ¡Desde luego que no! Los Colegios Profesionales, corporaciones de Derecho Público que un Pedrol Rius consiguió introducir en el texto constitucional, han perdido por completo su médula de servicio a la sociedad y su entraña deontológica y altruista. Antonio Pedrol Rius se revolverá en su tumba, porque, con todas sus particularidades (nunca fui “pedrolista”), esta desidia absoluta no le iba y no padecía la insensibilidad que se aprecia.

Pero, como se me ha hecho notar, tampoco se advierte reacción desde el ámbito académico ante el monstruoso designio de poner precios prohibitivos a la Justicia, especialmente a los particulares, a las personas físicas, a consumidores y a usuarios que quieran reaccionar de modo individual. El reproche al profesorado universitario de Derecho (y de otras carreras, también afectadas) está plenamente justificado. Pero es que la Universidad y, en concreto, las Facultades de Derecho o centros similares con otro nombre ya dejaron, hace tiempo, de ser, en su conjunto, ámbitos de constante atención a la realidad social y de generación de análisis críticos independientes. Hay, sí, algunas iniciativas aisladas, no sólo de éste o de aquél docente, sino incluso de Departamentos o de “áreas” enteras: así se entienden coloquios, conferencias, mesas redondas y publicaciones sobre asuntos de actualidad. Pero no tenemos medios ni tiempo para lograr que esas iniciativas, nunca o casi nunca corporativas, alcancen difusión social. Y, además, se trataría siempre de excepciones. La actitud general es de pasotismo y desatención hacia la realidad, actitud fomentada en ciertos casos —también hay que decirlo— por crecientes cargas de trabajo y exigencias abrumadoras de papeleo burocrático (aunque eso sí, todo por internet). Desde los Rectorados, la comunicación institucional no se pone nunca al servicio de causas cívicas, bien analizadas y fundamentadas por los universitarios que saben del tema de que se trate.

La Justicia en España no es gratuita ni barata. Pero aún es una Justicia accesible. Tras el Proyecto, si se aprueba —y me temo que así sea, pese a las enmiendas a la totalidad presentadas, primero por UpyD y después de los restantes grupos parlamentarios, excepto el Popular, claro—, la Justicia en España sólo será para los económicamente poderosos. Un enorme cambio, que apuntilla a este país. Habrá, como hemos visto, graves corresponsables de tal cambio, pero siempre será el Gobierno del Partido Popular quien habrá cometido la atrocidad y, por tanto, el primer responsable. Seguiremos (sin saberlo o sabiéndolo, tanto da) imitando lo peor del Imperio Americano: lo peor en educación y lo peor en la Justicia, como lo peor en la Banca. No sé Vds., pero yo no perdonaré ese pecado al Gobierno del Sr. Rajoy y del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.