DE LAS CORBATAS A LAS CRUCES PENSIONADAS: “LES LIASONS DANGEREUSES” EN LA JUSTICIA

LA SIMBIOSIS DEL EJECUTIVO Y ALGUNOS “JUDICIALES”

PEQUEÑO PRÓLOGO: A mí me gustaría ser muy moderado al hablar y al escribir (como lo soy al beber, aclaro, por si alguien, en vista del “post” anterior, se había formado una idea errónea). Pero, al suceder lo que sucede, tendría que mentir mucho (y esforzarme mucho más: algo así como sacar un doble “master” en eufemismos y literatura diplomática) para moderar mi prosa. Lo que ocurre es que resulta imposible casar la prosa suave, comedida y circunspecta con el comentario de nuestra actualidad. Es un casamiento tan imposible como el de un oso con una hormiga, que nunca produjeron el oso hormiguero. De manera que suplico al lector que no me considere aficionado a la diatriba y al tremendismo verbal. Al contrario. Si en bastantes ocasiones (y la de hoy será una) me expreso con dureza es por pura necesidad expresiva ante lo que comento, sobre la base de que aquí no sólo se describe, sino que también se valora, con libertad y sin demasiados rodeos. Por derecho.

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Voy a empezar por una corbata. No recuerdo qué año corría, pero seguro que uno entre 1991 y 1995, porque yo era, por carambolas de la vida, Vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Estábamos, de eso sí estoy seguro, en fechas prenavideñas. Y apareció en mi despacho del CGPJ un joven jurista que, de manera temporal, ejercía funciones jurisdiccionales en una Sala de la Audiencia Nacional (AN). Venía, muy asombrado, con una bonita bolsa que contenía una bonita caja, dentro de la cual se hallaba una bonita corbata de seda, de marca famosa. Traía una tarjeta de felicitación con sello en relieve de un alto cargo del Ministerio del Interior. Me contó que había recibido este obsequio en la Audiencia (las magistradas habían recibido un pañuelo de seda de la misma marca) y que le parecía impropio aceptarlo. Sobre esto no hubo ni diez segundos de duda: ni el obsequiado me explicó su criterio ni yo le pedí explicaciones: la cosa estaba clara para ambos. Lo que le recomendé es que no se le ocurriera devolver el regalo al Ministerio del Interior, porque no lo iban a entender y seguramente alguien le pondría en una lista, más bien negra, de “gente rara”. Quedamos en que comparecería ante el Presidente de su Sala y le entregaría la corbata, con todos sus envoltorios y la tarjeta adjunta, para que le diese al regalo frustrado el destino que quisiese. Poco tiempo después supe que, ante tamaña rareza, el Presidente se había negado a todo, incluido a que quedara en su papelera la “atención ministerial” al joven magistrado suplente.

La anécdota real de la corbata es muy significativa. No prueba que el Poder ejecutivo compre o alquile a ciertos jueces con maletines de dinero a cargo de fondos reservados ni que ciertos jueces estén dispuestos a dejarse comprar o alquilar (me parece estar oyendo el comentario de muchos: “¿Una corbata o un pañuelo de seda?. ¡Vamos, hombre! No saquemos de quicio una nimiedad.”). Pero, sí, la corbata prenavideña abiertamente regalada era y es significativa de que, durante largas temporadas, el Ejecutivo concibe agasajar a algunos jueces con la misma naturalidad con un proveedor debe tener “un detalle” con los buenos clientes, que, a su vez, lo aceptan con gusto y sin la menor extrañeza ni inquietud.

Y hace días se produjo con excelente ejemplo de la “normalidad” con que el Ejecutivo obsequia y algunos “judiciales” se dejan obsequiar. La relación con el Gobierno de esos simbiontes (así se les denomina científicamente), muy pocos pero muy notorios, ha alcanzado extremos de indecencia que, sin embargo, se ha pretendido “colar” a la opinión pública como si fuese una relación impecable e indiscutiblemente limpia. El antepenúltimo episodio fue la concesión, por el Ministerio del Interior, de la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo a dos Magistrados y un miembro del Ministerio Fiscal, Javier Gómez Bermúdez (Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional), Fernando Grande-Marlaska Gómez (titular de uno de los Juzgados Centrales de Instrucción) y Vicente Javier González Mota, Fiscal. Los tres del mismo ámbito jurisdiccional y orgánico: el penal de la AN. La decisión ministerial, a cargo del Sr. Rubalcaba, causó escándalo en algunos por ser Rubalcaba como piensan que es. Pero no, lo escandaloso es que un Ministro del Interior, llámese Rubalcaba o Mayor Oreja, condecore por méritos policiales, a dos magistrados y a un fiscal del tribunal penal especial (eso es lo que es, según los criterios universalmente reconocidos) que se encarga de los principales asuntos terroristas y de narcotráfico y, además (esto es lo que me ha parecido siempre muy huérfano de justificación), de los presuntos delitos económicos de más envergadura.

Que a Rubalcaba se le pueda ocurrir ese “detalle” no es de extrañar: está en la línea de la simbiosis, que ya encontró una refulgente manifestación cuando a Don Felipe González le encantó la idea que le propuso su entonces Ministro de Justicia, el magistrado Juan Alberto Belloch Julbe, de fusionar ese Ministerio con el de Interior: Don Juan Alberto se preparó un despacho en la sala más amplia y lujosa (la de los grandes actos) del Palacio de Parcent (Madrid), mientras Dña. María Teresa Fernández de la Vega, que ya era Secretaria de Estado de Justicia, ocupaba el añejo despacho de los ministros de Justicia (calle de San Bernardo 42) y Doña Margarita Robles Fernández se hacía cargo de la Secretaría de Estado de Interior y se instalaba en la sede tradicional, entre el Paseo de la Castellana y la calle Amador de los Ríos.

Aquella fusión era, desde el punto de vista democrático, europeo y civilizado, algo contra natura. Porque, aunque no esté escrito en ninguna parte, los Ministros de Justicia desempeñan, en todos los países serios, un contrapeso natural del Ministro que se ocupe de la seguridad y la policía, cualquiera que sea la denominación del Ministerio. La fusión olía mal, a “unidad de poder y separación de funciones”… la confesada situación "constitucional" franquista, pero sin mucha separación, además. La cosa del biministerio (y del Biministro) no terminó bien, pero expresó con claridad la tendencia. La atmósfera en que se produjo la historia de la corbata no sólo no ha desaparecido con los años, sino que se ha ido haciendo, hasta hoy mismo, cada vez más espesa y turbia. Al parecer, vale todo y no hay ya "liaisons dangereuses", relaciones peligrosas, que han de evitarse.

Lo que sí hay son muchas formas de buscar obsequios y de dejarse mimar. El Estado de las Autonomías ha aumentado las posibilidades. Y así, mientras la inmensa mayoría de los Jueces y Magistrados, echándole horas extras, que no está contemplado pagar ni ellos piensan cobrar, apenas logran resolver cada año tantos asuntos como los que llaman “de nuevo ingreso”, tenemos a unos cuantos que no paran de viajar, dar conferencias, participar en mesas redondas, asistir a congresos y congresillos, acudir a interesantes sesiones promovidas por fundaciones y asociaciones y otras entidades culturales, etc., todo con gastos pagados más alguna remuneración y no siempre a cargo de fondos públicos, porque, por ejemplo, las editoriales jurídicas también cuidan este vital “segmento”, no tanto de lectores como de autorizados “escribidores” de comentarios a leyes nuevas o nada nuevas y, en todo caso, de “libros prácticos”, de esos que no pueden faltar en muchas bibliotecas.

Nada que objetar -al contrario- a que jueces y magistrados, incluidos los del Tribunal Supremo, estudien y publiquen. Pero es feo, me parece, que aparezcan obras colosales a cargo de magistrados si su tribunal lleva mucho retraso en la resolución de los asuntos que le corresponden. Y es mucho más feo que los magistrados se impliquen con las editoriales en fines de semana “gratis total”. ¿Y las conferencias? Bien están, pero no cuando el trabajo específico apremia y se imparten demasiadas, a demasiados auditorios distantes. Y el fenómeno de la demasía, llamémosle así, de gruesos libracos “imprescindibles” y de conferencias y otras “galas”, ha sido y es el fenómeno real en determinados ámbitos judiciales, no precisamente infra-remunerados. Debo añadir que los Jueces de Primera Instancia e Instrucción y los Magistrados de Audiencias Provinciales no suelen plantearse siquiera actividades como las descritas.

Mientras sucede todo lo anterior y mientras faltan medios en muchos Juzgados y Tribunales, al CGPJ le sobra dinero y a sus miembros y personal más allegado no les falta tiempo para viajes “gratis total”, peninsulares, insulares, europeos y transoceánicos. Por supuesto, todos los viajes son “oficiales” (¡hay tantos eventos en el mundo!), aunque valen puntos para la tarjeta Iberia Plus o similares, puntos para otros viajes no oficiales.

Pero vuelvo a Rubalcaba y a la concesión de las tres Cruces al Mérito Policial con distintivo rojo.

La Ley 5/1964, de 29 de abril, regula la Orden del Mérito Policial. Y en su artículo 6, dispone lo siguiente:

“Para la concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo, será necesario que concurra en los interesados cualquiera de las condiciones siguientes:”

“a) Resultar herido en acto de servicio o con ocasión de él, sin menoscabo del honor, ni por imprudencia, impericia o accidente.”

“b) Participar en tres o más servicios, en los que mediando agresión de armas, concurran las circunstancias del apartado anterior, aunque no resultara herido el funcionario.”

“c) Realizar en circunstancias de peligro para su persona, un hecho abnegado o que ponga de manifiesto un alto valor en el funcionario, con prestigio para la Corporación o utilidad para el servicio.”

“d) Observar una conducta que, sin llenar plenamente las condiciones exigidas para la concesión de la Medalla al Mérito Policial, merezca especial recompensa, en consideración a hechos distinguidos y extraordinarios en los que haya quedado patente un riesgo o peligro personal.”

EJERCICIO: ¿En qué apartado, de los enunciados con las cuatro precedentes letras, piensa el lector que encaja la conducta de los Sres. Gómez Bermúdez, Grande-Marlaska y González Mota, agraciados con esta Cruz, que, ¡ojo al dato!, lleva aneja pensión del diez por ciento, proporcional “al sueldo del empleo que disfrute el funcionario en el momento de su concesión, o del que vaya alcanzando en lo sucesivo” (art. 8 de la citada Ley)? MI RESPUESTA: Descartemos las letras a), b), y c), porque no hay en los condecorados (que se sepa) ni actos de servicio ni agresión armada ni hechos abnegados o que pongan de manifiesto un alto valor, con prestigio para el Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil. Pero si estamos en el supuesto de la letra d), indisimulado “cajón de sastre” (se reconoce expresamente que no se llenan las condiciones exigidas para obtener Medalla al Mérito Policial), ocurre que, pese a todo, la ley exige “hechos distinguidos y extraordinarios en los que haya quedado patente un riesgo o peligro personal.”

Se puede pensar que los Magistrados de lo Penal de la Audiencia y los Fiscales adscritos a la Sala que preside Gómez Bermúdez corren riesgos muy superiores a los del común de los Magistrados y Fiscales, por la índole de los asuntos con que les toca lidiar. Pero esa explicación no sirve, porque hay más Magistrados en la Sala de lo Penal de la AN, tribunal colegiado que no lo constituye Gómez Bermúdez deliberando consigo mismo. Y hay más Jueces Centrales de Instrucción que Grande-Marlaska. Y lo mismo sucede respecto del Fiscal agraciado con el “bonus” del 10%: no es, ni mucho menos, el único miembro del Ministerio Público destinado al ámbito penal de la AN. Por tanto, Rubalcaba debe una explicación para neutralizar dos conclusiones nada temerarias: 1ª) Que ha infringido la ley; 2ª) Que ha incurrido en una arbitrariedad en favor unos amigos.

Por si acaso Rubalcaba no se explica (y es casi seguro que no lo hará, porque no lo ha hecho y ha tenido tiempo y ocasiones sobradas), me explicaré yo un poco más. ¿Qué suele suceder en una empresa, en un órgano público, en otros ámbitos laborales concretos, cuando uno de sus miembros es condecorado y sus méritos son reconocidos? En España, es muy frecuente que se organice y se convoque con la mayor difusión posible una comida o cena de homenaje o para celebrar el acontecimiento, con palabras de unos y otros al llegar a los postres. No es infrecuente que los compañeros y amigos regalen la condecoración, pagando el precio “a escote”. Por supuesto, es insólito que la autoridad “condecorante” aparezca en tal acto.

En el caso de estos arriesgados condecorados, todos de la AN, lo que ha sucedido es algo muy distinto: no consta que los compañeros de la AN se hayan movilizado para ningún homenaje.  Los condecorados, más otro colega de la AN, se han reunido muy privadamente a comer (en “Currito”, restaurante de Madrid) con el Ministro del Interior y el Secretario de Estado de Seguridad. Lo que ha habido es una comida informal y muy privada de los beneficiados con sus benefactores. Lo que en España llamamos una "comida de amiguetes", que no presupone amistad íntima, pero sí estrechas relaciones, "buen rollito" entre los comensales. Revelado este hecho por periódico de difusión nacional, ha causado cierto revuelo. Se han escrito media docena de comentarios contrarios a todo la historia: a las cruces pensionadas y a la comida. Un par de asociaciones judiciales -la Profesional de la Magistratura (APM) y más aún el Foro Judicial Independiente (FJI)- han censurado lo ocurrido. La asociación que está mancillando el nombre de Francisco de Vitoria lo ha considerado como algo normal. ¿Y el CGPJ? Silencio: “el que calla, otorga”. El penúltimo episodio indecente es esa reacción o falta de toda reacción por parte del CGPJ. Nunca debió celebrarse esa comida según criterios de ética y estética generalmente admitidos hasta hace poco. Dicen que la mujer del César debe ser honesta pero también parecerlo. En este caso, es como si la mujer del César hubiese sido sorprendida, casi desnuda, saliendo de una orgía.

No se puede terminar este “post” sin ver la condecoración pensionada desde el punto de vista de los magistrados y el fiscal que aceptaron la pensión: último episodio de desvergüenza. Nunca debieron los magistrados aceptar una condecoración pensionada y menos una condecoración del Ministerio del Interior unos magistrados de la Audiencia Nacional. Porque aunque jurídico-penalmente se salven del cohecho, lo que han hecho es aceptar dinero del Gobierno, del Ministerio de la Policía, sin que la condecoración tenga un fundamento conocido. La condecoración sirve de cobertura para un comportamiento más inmoral que el de muchos cohechos impropios de poca entidad económica.

Que haya uno o varios Ministros sin finura ética e incluso inmorales o amorales es cosa lamentable, pero dentro de lo habitual. Que existan unos pocos magistrados proclives a dejarse querer por quien sea, y no digamos a título de esforzados y arriesgados servidores públicos, casi parece inevitable. Lo grave, gravísimo, es que se consolide lo que antes llamé la “atmósfera de las corbatas” prenavideñas del Ministerio del Interior. Es exactamente el ambiente contrario el que se necesita. Se necesita un ambiente en el que, digan lo que digan las leyes, a los jueces y magistrados a los que se descubre en simbiosis con el Poder (también el económico) se les tenga que caer la cara de vergüenza y no puedan salir a la calle o volver a su trabajo sin que les abochornen hasta la dimisión.