DESDE HOY, SI ME MUERO, DEMANDO AL “GOBIERNO DE ESPAÑA”

COMIENZO Y HORIZONTE DEL AÑO DOS MIL ONCE

(Resistencia de los fumadores y otros asuntos)

Estoy muy contento con el modo en que he comenzado el año 2011. No ha sido placentero, pero he tenido la grata sensación de que empezaba con un acto que aunaba coherencia y utilidad. En esta mañana vacía del 1 de enero de 2011, he marcado el número 902 de la Notaría de guardia. “Este es el servicio de Notaría telefónica del Distrito de Malaparte, disponible los días festivos. El número desde el que llama ha quedado registrado, así como la compañía operadora. Si llama por llamar, por molestar o por mera curiosidad, cuelgue inmediatamente o será sancionado con multa de 5 a 500 euros. Si llama por alguna razón o motivo serios, marque 1”. Así lo he hecho y después de pulsar por décima vez distintas teclas, he llegado a este punto: “si quiere modificar su testamento, marque almohadilla”. He marcado almohadilla: “si quiere eliminar alguna disposición de su testamento, marque 1. Si quiere añadir alguna disposición a su testamento, marque 2”. He marcado 2. “Esta comunicación -he escuchado enseguida- se grabará a partir de ahora. Si acepta la grabación marque 1. En caso contrario, cuelgue inmediatamente” He marcado 1. “Diga el nombre y apellidos con que figura en el registro civil. Después, marque almohadilla y teclee los números de su Documento Nacional de Identidad.” Cumplimentadas estas instrucciones, he escuchado las siguientes palabras: “Diga brevemente la disposición testamentaria que desea añadir. Dispone de un máximo de tres minutos, que se cargarán a su cuenta”. Entonces he dicho: “En el improbable caso de mi fallecimiento a causa de enfermedad, mando a mi albacea demandar al Gobierno de España, antes de la eventual aceptación de mi herencia, reclamando la cantidad de 600.000 euros, en concepto de daños morales a mis herederos y al amparo de los preceptos constitucionales y legales que establecen la responsabilidad objetiva del Estado por funcionamiento normal o anormal del servicio, dado que el Estado asumió por completo la salvaguarda de mi salud, con prohibiciones de toda clase destinadas a preservarla. El importe de la indemnización, añádase al caudal relicto y distribúyase conforme a las instrucciones testamentarias”.

¡Uf! He logrado decir todo eso antes de que pasasen los tres minutos (lo tenía escrito y ensayado). Y no vayan a pensar que no va en serio lo de “los preceptos constitucionales y legales”. Ocurre que la cita era muy larga, pero aquí están: artículo 106.2 de la Constitución Española formalmente en vigor: “Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. Los “términos establecidos por la ley” son los de los arts. 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El art. 139 de esta Ley (verán que tenia que abreviar) dice: “1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.” El aptdo. 2 de ese mismo precepto exige sea “efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas”, lo que es aplicable a mi caso, porque, además, centenares de sentencias del Tribunal Supremo admiten la indemización por daños morales.

De manera que me he quedado muy satisfecho en este comienzo del 2011. Cambiar así mi testamento era lo menos que podía hacer ya que el Estado español ha entendido que, en beneficio de mi salud, no puedo fumar ni siquiera junto a otros fumadores, en bares para fumadores, restaurantes para fumadores, espacios acotados para fumadores, etc. Es evidente que una prohibición así no responde a la razón de no dañar o molestar a otros, sino a haber asumido el Estado, desconfiando de mí mismo, el cuidado de mi salud, prohibiéndome correr riesgos para ese precioso bien, del que tanto se ha hablado precisamente en estas fechas. Poco importa que el Estado haya descuidado prohibir la ingesta de alimentos que, con seguridad o alta probabilidad, sean nocivos para la salud de quien se alimenta, dado el estado de sus arterias, la irritabilidad de su colon o sus niveles de colesterol o glucosa en sangre. A pesar de esa y otras posibles omisiones -prohibiciones dirigidas a evitar riesgos contra la salud psíquica, por ejemplo-, es indudable que el principio de confianza en la responsabilidad individual respecto de la propia salud ha sido sustituido por la responsabilidad del Estado respecto de la salud de todos y cada uno de los individuos. Por eso, si me muero por enfermedad, el Estado es el responsable. Pues que pague. Y como la ley es estatal, que pague, en concreto, la Administración del Estado.

¿Me he pasado en el importe de la indemnización? Me parece que no: consultados previamente mis herederos sobre los daños morales que mi muerte les produciría, a todos les pareció razonable valorarlos en qué menos que cien millones de las antiguas pesetas. Es verdad que me quiere bastante esa buena gente. Pero eso es lo que el Tribunal Supremo, a propósito de los daños morales, llama, con gran erudición, “praetium doloris”. Y, ¿quién soy yo para rectificar el importe del precio del dolor de mis herederos, fijado por ellos mismos? Ya se encargará la Administración de no cumplir la ley y la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de interpretarla, como suele, según el principio “pro Administratione” y dar la razón a la Administración. Pero yo ya no viviré para disgustarme o desesperarme.

¡FUMADORES: NO RENDIRSE!

Mientras tanto, llamo modestamente a los fumadores empedernidos a actuar de este y otros modos que se les puedan ocurrir. Nada de rendirse. Haremos un gran desfile del Día del Orgullo Fumador, cerrando al tráfico, por un día, el centro de todas las ciudades.

Por lo demás, podemos prepararnos todos para ver cómo cierran bares y restaurantes y cómo los nuevos delitos de la enésima reforma (Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, ya en vigor) del “Código Penal de la Democracia”, aquél que en 1995 por fin dotaba de la tan ansiada estabilidad jurídico-democrática a la sociedad española, desincentivan la actividad empresarial, previendo incluso que sean las personas jurídicas las que cometan delitos (algo que nunca entenderé por mucho que me lo expliquen... quienes tampoco lo entienden). Los que se sientan con ánimo fuerte y dispongan de un sistema digestivo blindado con omeprazoles y quieran saber algo más, dénse un paseo por el nuevo Código Penal, consultando, a título de ejemplo, las innovaciones que encontrarán gracias a estos enlaces: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t2.html (responsabilidad penal de las personas jurídicas); http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t16.html (delitos urbanísticos y ecológicos en sentido amplísimo) o http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t13.html#a286b (varios).

No quiero ser agorero. Pero tampoco es cosa de decir gansadas sobre este nuevo año 2011. A falta de euros, ni contantes y sonantes ni virtuales, en las arcas públicas, lo que es de esperar del Estado (incluidas Autonomías y Ayuntamientos, Cabildos, Mancomunidades, Diputaciones, etc.) son, principalísimamente, dos cosas, en el mejor de los casos. Primera: que intenten extraernos todo el dinero que puedan, vía impuestos, tasas, multas (¡más multas!) y tarifas de esas que llaman “reguladas”, es decir, que pagamos dos veces: una, directa y otra, indirecta. Segunda: que legislen y reglamenten. Ésta es una actividad del Estado, no baratísima, sino de coste cero, puesto que ya disponen de efectivos humanos para inventar, escribir, redactar y publicar (en los Boletines oficiales electrónicos) leyes y reglamentos de todas clases y sobre cualquier asunto. A su vez, las nuevas leyes y reglamentos permiten establecer nuevas sanciones económicas y la necesidad de más autorizaciones y licencias, que nunca son gratuitas. O sea, que lo que cabe esperar -insisto: en el mejor de los casos- es que el Estado y gran parte de sus servidores se dediquen al ciclo continuo recaudación-legislación-recaudación y vuelta a empezar, como la máquina del perpetuum mobile. Este perpetuum mobile no va a tener nada que ver con el de Johann Strauss (escuchen, precisamente en la fecha del tradicional concierto vienés, la versión de la Wiener Philharmoniher, dirigida por Herbert Von Karajan, mediante este link: http://www.youtube.com/watch?v=b-2j_27FeH0), un juguete musical inspirado y amable. Va a ser, más bien, parecido a un martillo neumático, que de amable no tiene nada.

He escrito dos veces “en el mejor de los casos”. Porque la verdad es que la caída de la demanda y de la producción y la subida del paro, que es una situación ya en sí misma durísima, está acompañada por el tremendo endeudamiento del mismísimo “Reino de España”. Y esa “burbuja”, si estalla, no parece que nadie sepa, ni por aproximación, lo que puede llevarse por delante. Pero sería, sin duda, una gran catástrofe.

Pero, en fin, seamos optimistas y supongamos que se evita la catástrofe. Entonces, la “clase política”, contenta y tranquila en su gran microcosmos de privilegios nomenklaturistas, seguirá sus pasos habituales, los únicos que conoce: recaudar, legislar y reglamentar y vuelta a recaudar und so geht’s immer weiter!, como solían decir al unísono los músicos de la Wiener Philharmoniker al terminar el Perpetuum Mobile de Strauss: y así siempre igual de nuevo. Pero yo espero que, por fin, en el nuevo año 2011 se les ocurrirá, cuando menos, comenzar a elaborar el “Código Integral de la Corrección” o “Codigo de la Corrección Integral” (como prefieran) (la corrección cultural, idiomática, política, etc.), para que sepamos, de una vez, qué se puede, no ya pensar, pero al menos decir, sin que a uno le linchen, le multen o le lleven a juicio penal. Ya que las libertades de opinión y expresión han sido tan recortadas que, de hecho, no existen, que nos entreguen, a cambio, alguna seguridad jurídica.